Los plenos de muchos ayuntamientos de Mallorca están perdiendo poder frente a las comisiones de gobierno. Las declaraciones realizadas por el grupo político Alas acusando al PSM de «atacar a la democracia» por traspasar competencias del pleno del Ajuntament de Santa Maria a la comisión de gobierno coincide con la opinión de otros grupos en la oposición en varios municipios.
La situación, que perjudica a los grupos minoritarios sin
representación en las citadas comisiones, se está convirtiéndo en
un procedimiento común.
Desde que el pasado año se aprobara el decreto de regulación de la
delegación de competencias en los ayuntamientos son muchos los
equipos de gobierno que se han acogido a la medida para evitar
someter a votación en el pleno algunas de las decisiones
municipales.
La medida, para unos, contribuye a agilizar el funcionamiento del consistorio, mientras que otros sostienen que impide a los partidos con menor representación política participar y controlar la política local.
El nuevo planteamiento permite que las comisiones de gobierno asuman competencias hasta entonces correspondientes al alcalde o al pleno. Aún así ciertas competencias son inherentes al edil y al pleno, y han de pasar necesariamente por ellos para ser aprobadas.
Entre los municipios que se han adaptado a la nueva normativa se encuentran Binissalem, Llubí, Pollença, Muro, Sa Pobla y Santa Eugènia. Otros, como es el caso de Escorça, no han constituído comisiones de gobierno por no ser obligatoriaspara localidades de menos de 5.000 habitantes.
Maria de la Salut creó este órgano en el año 94 aunque carece de
competencias específicas. Se reúne con una periodicidad
mensual.
Las competencias transferidas a las comisiones son comunes en los
diferentes municipios y se limitan a las previstas en el artículo
20 de la Ley 7/1985 y desarrolladas en el Reglamento de
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades
locales.
En la mayoría de los casos los ediles se reservan las competencias en adjudicación de obras y contratos menores. Tal es el caso del Consitorio de Inca, por ejemplo, en el que Pere Rotger se reserva la otorgación de licencias para obras de menos de 100.000 pesetas. Concretamente en Inca el alcalde ha sido el único en delegar competencias a la comisión mientras que el pleno sigue conservando las suyas. Situaciones similares viven Selva y Mancor de la Vall, entre otras.