El equipo de gobierno del Ajuntament de Manacor desestimó ayer las alegaciones presentadas por el grupo municipal de Unió de Convergències y la Asociación del Metal sobre las ordenanzas fiscales reguladores de los impuestos, tasas y precios públicos municipales.
Antoni Frau, portavoz de la Unió de Convergències, ha criticado la prestación de servicios y actividades en la piscina municipal, calificando los precios de «elevados, que rozan lo abusivo», por lo que su grupo cree que «no debería sufrir aumento alguno».
El grupo municipal popular también criticó de forma global la regulación de los impuestos y tasas, presentando un voto particular defendido por la portavoz del PP, Catalina Sureda.
Ni el voto particular del PP ni las alegaciones de UC fueron estimadas. El delegado de Hacienda, Antoni Sansó (PSM), justificó el aumento de la presión fiscal: «En su día ya explicamos cuáles son nuestros criterios, queremos que todos paguen por igual».
Unió de Convergències, PP y la Asociación del Metal coincidieron en apuntar que «la tasa por recogida de residuos sólidos urbanos, por lo que respeta a las industrias del metal, no recoge todos los epígrafes correspondientes al sector, ya que tan sólo se recoge la agrupación 31, por lo que, de no corregirse dicho error se producirían verdaderos agravios comparativos».
Otras de las nueve alegaciones presentadas por UC alude a aplicar un baremo «por calles» para el IAE y crear bonificaciones del 95% de la cuota del impuesto con el fin de fomentar y proteger las empresas familiares.