El Plan General que regulará el ordenamiento urbanístico del municipio en la próxima década fue aprobado ayer en el transcurso de un pleno extraordinario con el único apoyo del equipo de gobierno socialista que preside la alcaldesa Margarita Nájera. La batlessa ha defendido que el nuevo planeamiento, dentro de la filosofía de la Agenda Local 21, pretende controlar el desarrollo urbano del municipio con criterios de sostenibilidad. En este sentido, los objetivos del PGOU son el propiciar un desarrollo socioeconómico «equilibrado y compatible con la protección y mejora del medioambiente» a la vez que proporcionado a un consumo sostenible de los recursos básicos.
Según el equipo de gobierno, el plan permitirá una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos al propiciar el acceso a la vivienda, la defensa de los espacios abiertos, la mejora de la calidad ambiental de los espacios urbanos y la rehabilitación integral del medio ambiente. El PP, en la oposición municipal, ha criticado la gestión urbanística que practica el Ajuntament de Calvià y ha argumentado su voto contrario porque vulnera la legalidad vigente en diferentes puntos. El portavoz popular en temas urbanísticos, Carlos Delgado, ha analizado distintos temas del plan, como la programación temporal de las licencias de construcción, el medio rural, la regulación para la creación de establecimientos turísticos, el cambio de actividades en los locales comerciales o la urbanización Son Font, poniendo el acento más en el aspecto jurídico y técnico que en el político.
Delgado ha afirmado que Son Font no puede pasar directamente de suelo rústico a urbano al no disponer de alcantarillado o de red de agua potable y no estar la mayoría de parcelas construidas. «Se están cargando las leyes», ha manifestado el edil del PP, calificando de «escandalosa» la actividad constructora en esta zona.
Asimismo, según el PP, la documentación del PGOU «vulnera la ley» al pretender regular el comercio donde el Ajuntament carece de competencias y además «al no dejar defenderse a los ciudadanos» que no podrán presentar alegaciones al remitirse la documentación al Consell sin nueva exposición pública.