El conflicto creado a raíz de la posible ampliación del término de Vilafranca en 1.000 quarterades, sobre la que el pasado lunes el Consell inició el expediente, ha enfrentado la población de los municipios afectados: Vilafranca por un lado y Sant Joan, Petra y Porreres enfrente. Unos creen que es necesaria la ampliación, mientras los otros muestran su indignación ante la posibilidad de que les arrebaten parte de su territorio. Los propietarios de inmuebles y de negocios afectados apuestan por la normalizar una situación que les resulta molesto pues están junto al núcleo urbano de Vilafranca y pertenecen a Petra o Sant Joan. Es el caso de varios tejares e incluso de una gasolinera.
Situaciones tan simples como tener que pagar la contribución o solicitar un contenedor al Ajuntament de Sant Joan o Petra es un problemas para unos ciudadanos que viven o trabajan en la periferia de Vilafranca. Esta circunstancia les obliga a recorrer varios kilómetros para realizar una gestión cuando a unos centenares de metros tienen el Consistorio vilafranquer. Quienes tienen negocios en la carretera de Manacor junto a Vilafranca apuestan por la modificación territorial en favor de esta villa. En cambio, los vecinos de los núcleos de población de Sant Joan y Petra no quieren ni oir hablar de perder terreno.