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Calvià

El PP afirma que la reducción de licencias en Calvià puede ser «anticonstitucional»

El pleno aprobó ayer la creación de cupos para que el crecimiento de la población no supere cada año las 1.750 plazas

El Ajuntament pretende ralentizar el ritmo de crecimiento del municipio de Calvià.

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El Consistorio calvianer ha aprobado inicialmente, con los votos de la mayoría socialista y el concejal de UM, Isidro Cañellas, una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1991, con el fin de crear unos cupos anuales a fin de que el crecimiento de la población supere cada año las 1.750 plazas. Una vez agotados estos cupos "para el presente año ya se han superado" se abrirá una «lista de espera» para los próximos ejercicios. El Ajuntament seguirá dando licencias, pero programando la ejecución de las obras para los próximos años. Se expcetúan de esta medida, las licencias para construcciones en los núcleos de Calvià villa y es Capdellà, sí como las nuevas edificaciones acogidas a los regímenes de protección oficial (VPO).

La alcaldesa Margarita Nájera ha señalado que la bonanza económica ha provocado un «efecto perverso» y que «el actual crecimiento, con un desbordamiento de proyectos de construcción de segundas residencias es absolutamente insostenible». La iniciativa municipal, calificada por la batlesa de «valiente», tendrá una retroactividad al día 3 de junio, fecha en que la moción fue llevada al pleno, pero que no fue aprobada al no contar con los votos suficientes, alegando la oposición que «era un puro acto electoral». Como se recordará, el debate de dicha moción terminó con insultos y descalificaciones ante el público asistente.

Por su parte, el actual portavoz del PP en temas urbanísticos, Carlos Delgado, ha manifestado que estando a totalmente a favor de la filosofía de frenar el crecimiento desmesurado, su grupo municipal ha votado en contra alegando que la propuesta socialista «puede ser ilegal» al chocar frontalmente con la ley de 1990 de la CAIB sobre disciplina urbanística.

Igualmente, el PP estima que la medida aprobada podría ser «anticonstitucional» al limitar el derecho a la propiedad.

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