La Asociación de Urbanizadores y Promotores de Calvià ha recibido con sorpresa y perplejidad la propuesta realizada por la alcaldesa, Margarita Nájera, consistente en limitar la concesión del número de licencias de obra por año y crear una lista de espera para armonizar el crecimiento. Para los promotores, esta medida es «una aberración jurídica» que sólo provocará «inseguridad» entre los inversores. Los profesionales del sector también han considerado negativa la iniciativa del equipo de gobierno socialista.
La Asociación de Urbanizadores y Promotores de Calvià entiende que algunos conceptos planteados por la alcaldesa, como «armonizar el ritmo de crecimiento» o «listas de espera» para la ejecución de las licencias de obras, son figuras que no están contempladas en ningún artículo de la Ley del Suelo y que, por tanto, son conceptos que no tienen validez técnica ni jurídica. «Esta propuesta incrementará la inseguridad jurídica», agregaron fuentes de la asociación.
Margarita Nájera anunció el pasado jueves que el equipo de gobierno socialista elevará a pleno el próximo jueves una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1991 con el fin de otorgar licencias de obras para un máximo de 1.750 plazas anuales. Los grupos municipales de la oposición (PP y grupo mixto) ya denunciaron anteayer que esta propuesta es electoralista y que no contará con su apoyo.
La propuesta del grupo socialista ha sido calificada de «ilegal» por Juan Nigorra, consejero delegado de IMISA, una de las urbanizadoras con más presencia en el municipio. Para este promotor, si se aprueba la iniciativa de la alcaldesa se provocará «una avalancha de proyectos» que perjudicará en primer lugar a los pequeños propietarios, pues las promotoras grandes tienen más medios y mayor facilidad para presentar los proyectos.
Abogados especialistas en urbanismo consultados por Ultima Hora han coincidido en señalar que «jurídicamente es muy discutible que una persona que ya tiene la licencia de obras no pueda empezar a construir». Estos mismos profesionales consideran que la propuesta del grupo socialista «genera inseguridad jurídica» y que «roza el techo constitucional».
Asimismo, arquitectos consultados por este periódico han rechazado a título personal la iniciativa del equipo de gobierno socialista porque «afecta negativamente» al colectivo y al interés del promotor.