El Ajuntament de Campos aprobó el proyecto de compensación de la urbanización Son Catlar de d'Alt y el plan parcial de la urbanización sa Pleta de sa Ràpita el pasado mes de abril. Sin embargo, el PSM ha descubierto ahora que la cesión de terrenos obligatoria al Ajuntament para zonas verdes de uso público de estas urbanizaciones están ubicados sobre el torrente de sa Vinyola o Son Durí, cuando un torrente ya es por sí sólo terreno de dominio público, como todos los cauces.
El portavoz del PSM en Campos, Joan Juan Pons, ha manifestado que «es inadmisible que el Ajuntament acepte terrenos para uso público que están en el cauce de un torrente, que ya es público». «Las urbanizadoras se han ahorrado unos 40 solares entre las dos. Lo triste es la gran cantidad de dinero que ha perdido el municipio porque estos terrenos que han cedido y que el equipo de gobierno ha aceptado no son de propiedad de las urbanizaciones. Es como si yo te regalo una cosa que ya es tuya. El arquitecto municipal nos dio la razón en todo», agregó.
El alcalde, Andreu Prohens (PP), dijo por su parte que «si el PSM cree se ha actuado mal puede acudir a los tribunales». «En el caso de estas dos urbanizaciones los técnicos dieron su visto bueno y es muy difícil ir contra los dictámenes técnicos. El PSM no tiene que hacer es demagogia y engañar a la gente», añadió.