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CPU, acusado en Santa Margalida por PSOE y UM de ser presionado por intereses privados

Los candidatos apostaron por mejorar los servicios sanitarios en un debate de Ultima Hora Radio

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Los servicios sanitarios y la inestabilidad manifiesta durante años de un gobierno municipal sometido a pactos y mociones de censura, centraron el debate de candidatos a la alcaldía de Santa Margalida, emitido ayer a través de Ultima Hora Radio Part Forana.

UM y el PSOE acusaron directamente a Can Picafort Unit y, según ellos, «a las personas con intereses económicos que existen detrás de este partido político» de la inestabilidad y del retraso de muchas gestiones en el municipio.

Jaume Ribot, de UM, indicó "refiriéndose a la moción de censura que hace 18 meses desbancó al socialistas Miquel Cifre de la alcaldía" que «una moción de censura sólo debe ponerse cuando existe un gobierno corrupto, nunca porque señores que dirigen desde la retaguardia les interesa cambiar de gobierno».

En este mismo sentido el candidato del PSOE, Miquel Cifre, manifestó que «está clarísimo que la moción de censura la decidieron personas externas. Cinco o seis personas que durante veinte años han manipulado las concesiones de agua, determinadas licencias hoteleras y determinadas urbanizaciones.

El candidato del PP y alcalde de Santa Margalida, Antoni del Olmo, sostuvo que «la moción de censura fue absolutamente democrática. Quiero recordar que la lista del PP fue la más votada, si alguien quiere quitar el apoyo a una persona y me la quiere dar a mí, es completamente legítimo».

Para el candidato de CPU, «si los 3.100 votos de Can Picafort votaran a sus representantes, que somos CPU, tendríamos mayoría y no serían necesarias mociones de censura».

El candidato del PSM, Antoni Ferrer, que recordó que su partido se presenta por primera vez en Santa Margalida, apuesta por un trabajo continuado en pro de la sanidad pública y cree que «desde el Ajuntament deben realizarse estudios y basándose en estos no cansarse de reivindicar los servicios necesarios a las autoridades competentes».

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