Una reciente sentencia del Tribunal Supremo acepta el recurso de casación presentado por la Asociación de Vecinos de Son Reinés de s'Estanyol contra un anterior fallo del Tribunal Superior de Justicia de Balears que había declarado inadmisible un anterior recurso del colectivo contra la decisión del Govern balear de aprobar definitivamente el proyecto modificado de la ampliación del puerto deportivo del Club Náutico de s'Estanyol.
Así, el Supremo obliga al TSJB a admitir y estudiar el recurso contra la aprobación de la ampliación del puerto. El Alto Tribunal acepta las tesis del abogado de la asociación de Son Reinés, Antoni Marroig, que prefirió no valorar la sentencia, por cuanto el acto tenía trascendencia social y causaba indefensión. El Supremo entiende que se podía atacar el proyecto sin necesidad de esperar a la concesión administrativa.
Esta sentencia fue citada ayer por Antoni Llompart y Antoni Garcias, portavoces del PSM y PSOE de Llucmajor, que criticaron el expediente sancionador abierto a los usuarios de es Mollet, que deberán abandonar el varadero si se amplía el puerto.
Llompart indicó que «es falso que se desclasifiquen ocho millones de metros cuadrados; cinco millones ya fueron desclasificados por la LEN en 1989». De hecho, según expusieron ambos políticos, solo se desclasifican 185 hectáreas en torno al casco urbano de Llucmajor y del polígono de Son Noguera, «cifra que está muy lejos de las 800 hectáreas que dice el PP que desclasifica».
Negaron que el 75% de la costa esté protegida: «Salta a la vista que la mitad de la costa llucmajorera está ocupada por urbanizaciones». En la zona costera se mantienen 307 hectáreas de suelo urbanizable: detrás de Son Verí (71 hectáreas), Puig de Ros (68), Tolleric (48), Regana (100), Cala Pi (5) y Son Reinés (15).
A éstas, hay que sumar otras 67'6 hectáreas de suelo rústico de la franja del litoral que se convierten en suelo urbanizable.