La comisión de gobierno que preside la alcaldesa socialista, Margarita Nájera, ha aprobado «declarar la lesividad para el interés público del acuerdo de la Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca» por el que se concedió licencia a Jardines de Palma SA para construir siete bloques de viviendas en la primera línea de la urbanización Sol de Mallorca, entre Cala Aixada y el Casino de Mallorca. El Consistorio entiende «en razón de los informes técnicos y jurídico, que el acto de otorgamiento de la licencia por parte de la CIUM ha incurrido en infracción al ordenamiento jurídico».
El acuerdo municipal se basa en un nuevo informe técnico, del 24 de febrero, que determina que el proyecto autorizado por la CIUM incumple el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1991, actualmente en vigor, en relación a los «parámetros de aprovechamiento, separaciones mínimas a linderos, distancia mínima entre edificios de la misma parcela, impacto paisajístico y visual, incumpliendo la condición de sótano, la altura mínima de locales, así como las superficies mínimas para dotaciones deportivas, culturales o de ocio».
Asimismo, el Ajuntament alega que la ponencia técnica de la CIUM propuso la denegación de la licencia porque el promotor no había subsanado las deficiencias detectadas así como «porque el proyecto incumple normativa referida a la adecuación al entorno».
Tras este informe desfavorable, el promotor presentó documentación complementaria en subsanación de deficiencias un día antes de la sesión en que la CIUM otorgó la licencia, día 2 de octubre, sin que fuera dictaminada dicha documentación nueva por la ponencia técnica, según el Ajuntament.
Para el equipo de gobierno calvianer, el proyecto de Cala Aixada «infringe e incumple las normativas urbanísticas vigentes», y la concesión de la licencia de obras, «dadas las irregularidades en la tramitación de la CIUM», conducen en su conjunto a una «clara lesión del interés público».