La denuncia ante el juzgado número 3 ha sido interpuesta por Bartolomé Rigo Carbonell, presidente de Convergència Balear (CB), para que investigue si el alcalde ha cometido delito penado en el Código Penal.
El aparejador municipal dice en un informe que la pared que construyó el alcalde debe demolerse y retranquearse 10 metros porque el edificio está fuera de ordenación.
Miquel Riera argumenta que solicitó licencia de obras, pero al mismo tiempo reconoció que había iniciado las obras antes de tener permiso. La licencia solicitada por el alcalde es de obra menor, pero, según Rigo, debe ser de obra mayor.
El alcalde afirmó: «Todo ciudadano tiene derecho a acudir a los tribunales. Los servicios jurídicos están trabajando porque creemos que el informe del aparejador donde dice que se tiene que retroceder 10 metros, no es exacto».
La denuncia pone en antecedentes al juez diciendo que «pese a la presentación de escritos de denuncia, el denunciante ha comprobado que dicho Ajuntament no ha actuado. La pasividad del Ajuntament podría ser constitutiva de un delito penado en el artículo 408 del Código Penal».