El Ajuntament de Deià tendrá que asumir el coste del derribo de los cuatro chalets de Llucalcari, así como la responsabilidad patrimonial tras la sentencia del Supremo que ordena la demolición de estas viviendas construidas en la Serra de Tramuntana, declarada Bien de Interés Cultural. Si no ejecuta el fallo, la Administración local incurrirá en un delito por desobediencia judicial.
Así lo indicó ayer el abogado Eduard Moreno, quien junto con Lina Riera, ha representado al GOB en el proceso judicial que ha culminado con la sentencia del más alto tribunal. Moreno aseguró que una vez que la sentencia sea firme y se comunique a las partes, el Ajuntament tendrá 10 días para ejecutarla. Si en ese plazo no lo hace, el GOB tendrá 2 meses para solicitar el derribo. A juicio del letrado, en tres meses los chalets tendrían que estar derribados.
Los abogados insistieron en que el Ajuntament deberá abonar todos los gastos, salvo que la licencia se hubiera otorgado de forma irregular. Eduard Moreno precisó que las comisiones de Patrimonio y Urbanismo autorizaron las obras, pero no dieron la licencia. «En principio», afirmó, «el Govern no tendría responsabilides y sólo subsidiariamente podría responder a los gastos».