El Ajuntament de Deià tiene asumido que los propietarios de cuatro chalets de Llucalcari, entre ellos Fernando Schwartz y Richard Barnson, podrían solicitar indemnizaciones tras la sentencia del Supremo que desestima los recursos presentados por el Ajuntament y particulares. «Las construcciones tenían licencia municipal, pero lo que tiene que quedar claro es que el Ajuntament no la otorgó a la ligera. El permiso se dio con los informes preceptivos, vinculantes y positivos de las comisiones de Urbanismo y Patrimonio, dependientes del Govern», dijo ayer el alcalde Francesc Salas.
Por este motivo, el Consistorio no está dispuesto a asumir el pago de las posibles indemnizaciones. «Miraremos más arriba», precisó Salas, quien, no obstante, quiso dejar claro que antes de tomar alguna decisión los servicios jurídicos deben estudiar en profundidad la sentencia del Tribunal Supremo.
El GOB se encargará de vigilar que se cumpla la sentencia. Fuentes del grupo ecologista indicaron ayer que se presionará todo lo que haga falta para que el derribo sea una realidad. «La sentencia del Supremo no prescribe y lo que que está claro es que los chalets no se pueden legalizar», indicaron. «El caso es similar al de la vivienda de Doña Pilar de Borbón, que al final tuvo que derribar».
El próximo jueves, el GOB se reunirá con los abogados que han llevado este proceso para concretar las acciones a llevar a cabo.