El Tribunal Supremo ha confirmado la suspensión de cargo durante seis meses al ex alcalde de ses Salines, Jordi Galmés Pastor, y a los ex concejales Andreu Vicens Bonet y Joaquim Gispert Covas, por la colocación de un micrófono de escucha en el despacho del actual primer edil del Consistorio. El Supremo confirma en todos los extremos la sentencia que dictó la Audiencia de Palma, que condenó por un delito de escuchas ilegales.
Jordi Galmés, que es el actual portavoz del PP en ses Salines, perdió el cargo de alcalde en las últimas elecciones municipales. El político conservador, ayudado por sus colaboradores, colocó el día 14 de junio de 1995 el micrófono, sólo tres días antes de abandonar la Alcaldía. Según el tribunal, Galmés quería conocer los proyectos que estaba planeando el nuevo equipo de gobierno, y por ello colocó el artefacto detrás de un armario. Sin embargo, el actual portavoz del PP no logró que su proyecto tuviera éxito porque al día siguiente se descubrió el micrófono.
Este descubrimiento provocó una crisis política en ses Salines. El alcalde fue juzgado en la Audiencia, y alegó que la colocación de este artilugio sólo tenía el objetivo de realizar una broma durante una cena de compañeros. Según él, quería recoger las conversaciones del nuevo batle para hacer creer que le estaba espiando el CESID.
REACCIONES
Jordi Galmés: «No sé si dimitiré... después me
retiro»
El ex alcalde de ses Salines, Jordi Galmés (PP), manifestó
desconocer la redacción de la sentencia del Supremo que ratificaba
la de la Audiencia y lo condenaba a 6 meses de inhabilitación y
multa de 100.000 pesetas: «No sé si será preciso dimitir como
concejal por los meses de legislatura que quedan. Tampoco sé si
recurriremos ante el Constitucional, pero no lo descartamos. Lo que
tengo claro es que me retiro de la política después de las
elecciones».
Antoni Caldentey: «El pueblo ya los ha
juzgado»
El actual alcalde de ses Salines, Antoni Caldentey (UM), se mostró
triste por todo lo acontecido en el polémico tema del micrófono:
«Galmés, Vicens y Gispert ya han sido juzgados por el pueblo y a mí
me sabe mal esta situación porque en el municipio nos conocemos
todos. Debo decir es que este tipo de acciones no se hace ni en
broma, como justificaron ellos la colocación del aparato. No creo
que todo el montaje se redujera a una broma».