La Conselleria de Foment del Govern balear informó ayer al Ajuntament de Sóller que el pasado lunes, día 21, comunicó a la compañía concesionaria del túnel la decisión del Consistorio solleric de emprender acciones legales contra la empresa al entender que ésta exige más documentos de los adecuados a los ciudadanos que solicitan la tarjeta de residente que permite circular por el paso subterráneo beneficiándose del pago bonificado. Desde el Consistorio se defiende que la documentación exigida por el túnel (la cartilla sanitaria) podría significar una inconstitucionalidad, pues con un certificado de residencia es suficiente.
Foment ha pedido explicaciones a la concesionaria y una vez
formuladas las alegaciones que considere oportuna, éstas serán
estudiadas.
El alcalde, Joan Arbona, expresó ayer su satisfacción por la
iniciativa de Foment después de recordar que ya lleva varios meses
trabajando en este tema.