El Ayuntamiento de Palma ya trabaja en la redacción de un proyecto de viviendas para el espacio de la antigua cárcel. Este trabajo se está llevando a cabo desde el Patronat Municipal de l’Habitatge puesto que se pretende que esas futuras viviendas tengan un enfoque social.
Serán pisos con algún tipo de protección oficial, pero desde Cort anticipan que no serán viviendas sociales al uso (no se incorporarían al parque del Patronat, que ahora cuenta con casi 500 pisos) y no concretan más. Hace unos meses el alcalde, Jaime Martínez, habló de que se estudiaba «algún otro tipo de solución habitacional», enfocada a colectivos vulnerables.
Con este proyecto constructivo, Cort adelanta trabajo para el momento en el que se complete el desalojo de los sintecho de la vieja cárcel. Hasta entonces no se podrá dar paso a la demolición, que sólo afectará a parte del recinto. Algunas estructuras se conservarán para reformarlas.
Sin calendario
En el Consell Social de la Ciutat, la regidora de Serveis Socials, Lourdes Roca, informó en marzo de que la intención de Urbanisme era empezar los derribos en junio. Entonces la Policía acababa de iniciar la entrega de notificaciones a los moradores de la cárcel. Dos meses más tarde, la situación no parece haber cambiado demasiado y ya es evidente que ese calendario no se cumplirá.
La permanencia de estos residentes es el principal escollo para avanzar en cualquier clase de actuación sobre Sa Presó. El Ayuntamiento ha contabilizado unos 160 moradores (ninguno menor de edad) después de que la Policía Local comenzara a entregar los requerimientos por okupación ilegal de un bien público.
Ese proceso ya está bajo la tutela de un Juzgado, pero estos procedimientos suelen ser lentos y el hecho de que haya un constante movimiento de entradas y salidas en la cárcel sólo le añade complejidad. Por eso, en Cort no se arriesgan a pronosticar cuándo empezará la demolición.
De momento sus esfuerzos se centran en un censo para identificar a estas personas y analizar caso por caso. El Ayuntamiento insiste en que quienes viven en la antigua cárcel corren riesgo por el estado de la estructura, y temen especialmente los potenciales peligros de un incendio, en un espacio que fue concebido para la reclusión (las vías de salida son pocas) y que acumula basura y enseres. Ese censo municipal no se circunscribe exclusivamente a Sa Presó sino que abarcará otros asentamientos detectados en Palma.
Al mismo tiempo, el Ayuntamiento sigue a la espera del proyecto del Consell de Mallorca para resolver el nudo de la Vía de Cintura mediante una rotonda y un nuevo vial.
Ojalá no se les ocurra malaprovechar el valioso terreno de la isla para montar solo 3 plantas de VPO como hicieron en Camp d'en Serralta cuando habrian podido construir 6 plantas. Hay que tomarse el problema de la emergencia habitacional muy en serio y construir el máximo número de viviendas