El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Palma ha admitido a trámite la demanda presentada por los servicios jurídicos de UGT-Servicios Públicos contra el Ajuntament de Palma por «vulnerar el derecho fundamental a la huelga de las trabajadoras de las escoletas municipales externalizadas». La movilización de las educadoras ya ha cumplido su tercer día este miércoles. El primer día dejaron de ir a las aulas el 58 por ciento de los alumnos, según CC OO, pero el porcentaje se ha ido incrementando esta semana por la imposibilidad de los padres de encontrar otra opción para dejar a los niños de 0 a 3 años.
La demanda solicita la suspensión inmediata de los servicios mínimos impuestos por el Consistorio, al considerarlos «ilegales por su carácter abusivo y por defectos graves en el procedimiento». El juzgado ha emitido un auto en el que da un plazo máximo de cinco días hábiles al Ajuntament para presentar el expediente correspondiente. UGT exigió una resolución urgente ya que «cada día que pasa se está lesionando el derecho legítimo del personal afectado a ejercer su derecho constitucional a la huelga».
UGT denunció este miércoles en un comunicado que ante la desigualdad salarial entre educadoras internalizadas y externalizadas, «el Ajuntament ha respondido con una actitud autoritaria Intenta neutralizar la huelga con un decreto de servicios mínimos que ataca directamente el derecho a la protesta de estas trabajadoras».
Las educadoras externalizadas que no han sido consideradas servicios mínimos, apenas el 15 por ciento de la plantilla, han vuelto este miércoles a la Plaza de Cort para concentrarse. La reunión de este pasado martes con una nueva propuesta de Estudi 6, la empresa concesionaria, no ha convencido a sindicatos ni trabajadoras, al tratarse de un aumento salarial de 100 euros mensuales, algo que consideran insuficiente.
Pepa Ramis, de CC OO, advirtió que «hemos propuesto un calendario para igualar los salarios de educadoras internalizadas y externalizadas con fecha tope hasta 2027. También hemos puesto sobre la mesa la posibilidad de la futura internalización del servicio. Exigimos al Ajuntament que se implique porque está licitando un servicio con condiciones muy precarias para las trabajadoras».
Por su parte, Jaume Coll, de UGT, señaló que en la reunión que han mantenido este miércoles para conocer el borrador del convenio autonómico ha visto «una declaración de buenas intenciones. Estamos pendientes de la representatividad en la mesa de negociación.». Ramis añadió que «el convenio autonómico no será tan rápido como pensaban y demás, jamás dará como resultado la equiparación total».
Tanto Coll como Ramis aseguraron que en el único servicio que se da un modelo híbrido de contratación es en las escoletas municipales. «No hay ningún ayuntamiento que tenga este doble modelo con doble escala salarial. Fue una voluntad política este doble sistema de gestión», aseguró Coll, de UGT. La representante de CC OO advirtió que «ante la falta de respuesta del PP en el conflicto con la educación, queremos que el resto de fuerzas políticas lleguen a un acuerdo para un cambio de modelo».