Una funcionaria de Urbanismo de Cort fue ‘cazada’ trabajando en una obra ilegal de la calle Joan Miró, en Palma. Una denuncia vecinal desveló que en la reforma sin licencia aparecía como técnica en el cartel anunciador. Se trata de la misma trabajadora municipal que fue multada por el Consell con 1,4 millones de euros por construir una mansión sin licencia en Marratxí. También se descubrió que prestaba sus servicios en tres consistorios de la Isla, algo totalmente prohibido por la Ley.
El caso de Joan Miró fue descubierto de forma casual pasado el verano, según han informado fuentes municipales, que han añadido que se abrió un expediente sancionador a la empleada, cuyo resultado todavía no se conoce.
Tras recibirse en el Ajuntament una denuncia vecinal, un celador acudió a esa dirección a realizar una inspección y descubrió que en el cartel de la obra, que no tenía la correspondiente licencia, aparecía como coordinadora de seguridad la citada funcionaria. La obra en cuestión consistía en un cambio de uso, de oficina a vivienda.
Sin embargo, el inspector detectó que el cartel en cuestión era de un refuerzo de estructura de una obra que tramitó la técnico en otro edificio. Además, la funcionaria tiene dedicación exclusiva y no podía emplearse en aquella obra, aunque hubiera sido legal, añadieron las mismas fuentes.
Tal y como informamos hace unos meses, el Consell Insular de Mallorca multó a esta profesional del Departamento de Transparencia Urbanística del Ajuntament de Palma con 1,4 millones de euros por construir una mansión sin licencia en suelo rústico de una urbanización de Marratxí. Se da la circunstancia de que el área en la que trabajaba la interina vela, precisamente, para evitar que proliferen las construcciones ilegales.
El caso se descubrió cuando un vecino presentó una denuncia porque la pared del cierre de la parcela era más alto del permitido. Fue entonces cuando los funcionarios se encontraron con que en aquellos terrenos rústicos, donde se podía construir solo unas dimensiones contenidas, se había levantado una espectacular residencia de lujo de unos 700 metros cuadrados, más un sótano de 500 metros cuadrados y dos casas anexas de 150 metros cuadrados cada una. En total, pues, casi unos 1.500 metros. Se inició entonces un proceso sancionador y se concluyó que la propietaria carecía de licencia de construcción, final de obra o cédula de habitabilidad. Pese a todo, la mansión se estaba anunciando en algunas páginas de inmobiliarias de lujo por un precio de alquiler mensual elevadísimo.
Los problemas en la construcción se sucedieron porque una empresa de fontanería que había realizado las instalaciones no cobró el dinero pactado y procedió a denunciar a la propietaria. Se inició entonces un proceso judicial. También transcendió que la mujer había tenido problemas con el arquitecto, que abandonó el proyecto.