El PSOE de Palma ha exigido a PP y Vox que se implante la limitación de precios del alquiler en la ciudad: «Estamos pagando 1.000 euros más por un piso», señaló Francisco Ducrós, portavoz del grupo municipal en el Ajuntament de Palma, que advirtió que a día de hoy «una inmensa mayoría de la población no puede elegir dónde vivir, le eligen a él. Los altos precios hacen que solo se pueda alquilar habitaciones».
Ducrós aseguró que el incremento de los alquileres, de un 20 por ciento en un año según diversos estudios de portales inmobiliarios, se puede combatir «con una herramienta que ya se puede poner en marcha. La Ley Estatal de Vivienda permite que Palma se considere ciudad tensionada, lo que permitiría controlar los precios». De media, una vivienda supone un gasto de 1.775 euros al mes, un gasto anual para el inquilino de 21.300 euros, «el 98 por ciento del sueldo medio». Si se aplicara la limitación de precios su coste sería de 826 euros, «el 30 por ciento del suelo medio de un trabajador. Ahora mismo los alquilados están pagando 950 euros más al mes por el alquiler de su casa, es insostenible», señaló Ducrós.
De esta manera, el PSOE de Palma ha hecho un estudio de lo que cuestan actualmente los pisos en diferentes barrios y el precio del alquiler que tendría si tuviesen la declaración de zona tensionada. Así, en el barrio de Pere Garau, el precio de una vivienda está en 1.500 euros al mes, «cuando según las ratios del Ministerio de Vivienda debería ser de 575 euros, es decir, se están pagando 913 euros más».
En la Plaza de Toros, el alquiler asciende a 1.750 euros, cuando los registros del Ministerio indican que debería ser de 928, por lo que se está pagando 822 euros más. En Foners-Joan Alcover, el precio medio es de 2.000 euros, 959 euros por encima de lo que indica el Ministerio, 1.041 euros más de lo recomendado, es decir, un 114 por ciento más.
«La ciudadanía de Palma se siente expulsada. La horquilla de precios del alquiler oscila entre los 1.700 y los 2.000 euros, es inviable vivir en la ciudad», aseguró Ducrós, que acusó al PP y a Vox de «inacción»,
Por su parte, el concejal socialista Pepe Martínez, advirtió que «este Govern ha prometido 47.000 viviendas, recuperando 30.000 pisos vacíos. Mientras tanto, ha desmantelado la Oficina Antidesahucios. En cuanto al cambio de uso de locales comerciales para convertirse en viviendas a precio limitado, el gerente de Urbanisme, Tomeu Abad, aseguró había 28 proyectos, pero nosotros solo hemos visto cinco. Se anunció la creación del Observatorio de la Vivienda pero lo único que hemos visto han sido las facturas del 'berenar' para su presentación. La vivienda está en una situación de emergencia».