La resolución de los recursos de multas de tráfico en vía ejecutiva sufre un retraso de 15 meses. La defensora de la Ciudadanía, Anna Moilanen, ha puesto de relieve este problema y advierte que «a día de hoy, se están atendiendo los recursos que entraron en el registro en marzo de 2023. Probablemente esos plazos vayan a más porque no se mejoran ni se amplían los recursos», es decir, funcionarios que atiendan las reclamaciones de los ciudadanos por estas sanciones.
Moilanen explicó que «se están embargando cuentas bancarias mientras se espera la resolución de las multas de tráfico. Y hay muchos casos». Estos embargos de cuentas se mantienen mientras se lleva a cabo una resolución, pero los largos plazos de la Administración dejan en la indefensión a los ciudadanos.
Los funcionarios del Ajuntament de Palma se encuentran prácticamente desbordados por la gestión de estas multas, que en los últimos años han experimentado un incremento considerable, un 178 por ciento más respecto a 2017.
De esta manera, el Consistorio notificó 1.266 expedientes de reclamaciones por multas de tráfico en 2017. En 2018 ascendió a 1.500, en 2019 a 1.13 y en 2020, a 1.817. Fue a partir de 2021 que se experimento un incremento considerable al alcanzar los 2.259 expedientes, mientras que en 2022 se alcanzaron los 3.528. Tal y como explicaron fuentes de la Oficina de la Defensora de la Ciudadanía, «si nos ponemos en el lugar del ciudadano que no ha recibido una notificación de multa, se le obliga por seguridad jurídica a hacer una reclamación vía administrativa, pero todo está colapsado». Y añadió que «se les embarga un mínimo de 300 euros por multa. Se está obligando al ciudadano a acudir a los tribunales por vía contenciosa o a declararse en indefensión y que le cobren lo que le tengan que cobrar». De esta manera, la defensora reclamó al equipo de gobierno «recursos de forma imperiosa».
La explicación a este incremento desmesurado de recursos por multas de tráfico se debe, según la Oficina de la Defensora, a «los nuevos semáforos y el foto-rojo», que cazan a los conductores que vulneran la normativa de tráfico. Moilanen descartó que esta acumulación se deba al caso de las irregularidades de CI Postal en la entrega de notificaciones de multas: «En diciembre de 2021, que coincidió con la época del COVID, bajaron las reclamaciones porque no había tantas multas. Luego hubo un tapón por las notificaciones fraudulentas de CI Postal pero esto ya está resuelto».
Los embargos de los ciudadanos que esperan una resolución de sus multas fue objeto de preocupación de la defensora: «Hay cantidades embargadas de 1.300 euros pero también hay algunos que llegan a los 14.000».