La Junta de Compensación Bellavista, creada hace un tiempo para gestionar las obras de la urbanización con el objetivo de regularizar su situación, ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la modificación del Plan General de Ordenanza Urbana (PGOU) de Palma. El pasado 25 de abril el pleno municipal aprobó definitivamente la modificación, para cambiar la disposición derogatoria única 1. Hasta ahora, se han registrado ya 43 demandas judiciales contra dicho Plan, una de éstas la presentada por la Junta de Bellavista.
Ahora, el Consistorio deberá aportar el expediente administrativo correspondiente y notificar a las terceras personas interesadas, sobre un procedimiento que se seguirá en la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de les Illes Balears y para el cual aún no hay una fecha publicada. Tal y como se publicaba este jueves en el Boletín Oficial de les Illes Balears (BOIB) el expediente se debe tramitar en un término improrrogable de 20 días, con índice de documentos y debidamente foliado, lo cual implica la personación del Ajuntament.
Por otro lado, se debe notificar a los que aparezcan como interesados en el expediente administrativo PA2023/002, para que se puedan personar como demandados, en el plazo de nueve días; haciéndoles saber que si se personan después de ese tiempo los tendrán como parte para los trámites no precerrados y si no se personan oportunamente continuará el procedimiento sin que se tengan que practicar notificaciones de ningún tipo.
Desde el Consistorio palmesano aclaran que la citación obedece a que el juez instructor en la causa ha solicitado más información para poder ampliar el recurso. Cabe destacar que este no es el único recurso que ha presentado la Junta de Compensación de Bellavista que incumbe a la Administración.
Con una extensión de 325.000 metros cuadrados, esta urbanización, que cuenta con 2.000 vecinos aproximadamente, ha estado décadas luchando para poder disponer de servicios básicos como alumbrado, alcantarillado, asfaltado y aceras, entre otros, ya que sí que pagaban la tasa de basuras y otras contribuciones.
Las disputas de los vecinos de este núcleo -creado durante la década de los años 30-, con el Consistorio, vienen de lejos. Y es que, el Plan de Reforma Interior (PRI) del Ajuntament de Palma modificó unos terrenos que los parroquianos habían adquirido por un millón y medio de euros, para dárselos a Cort en compensación por el aprovechamiento urbanístico de la zona urbanizada. Sin embargo, el Plan hizo que el suelo donde estaban dicho terrenos pasaran de urbanos a rústicos devaluando su precio a 28.000 euros.