El Ajuntament de Palma ha levantado desde que se produjo el cambio de gobierno en junio de años pasado 4.168 actas por venta ambulante ilegal, según ha explicado este viernes el regidor de Seguretat Ciutadana i Civisme, Miguel Busquets, durante la presentación de la campaña de concienciación que el Consistorio va a lanzar para prevenir de esta práctica. «Los comerciantes nos han insistido en que hay que poner fin a la venta ambulante ilegal, que tanto daño les hace», ha dicho la regidora de Economia i Comerç, Lupe Ferrer.
Esta iniciativa cuenta con un presupuesto de entre 25.000 y 30.000 euros y consistirá en una campaña publicitaria «con un goteo constante» que se promocionará del 5 al 15 de agosto en medios de comunicación, OPIs. «De esta manera, por un lado, trabajaremos para ayudar al sector comercial, fundamental para la Palma que queremos, y, por otro lado, haremos frente al problema social de la venta ambulante y de todo lo que hay detrás», ha explicado Ferrer. «Si no se puede erradicar del todo, porque sería erradicar la pobreza y es imposible, se intenta minimizar al máximo esta venta», ha añadido.
«Gracias al trabajo estratégico y preventivo la venta ambulante no ajustada a la legalidad ha empezado a remitir en Palma. La presión ejercida en los núcleos como Plaza Major, S'Hort del Rei, Alta Murada y, especialmente, en la Platja de Palma nos han dado como resultado 4.168 actas levantas. Son unos datos bastante positivos, que indican que vamos por el buen camino; pero la Policía Local necesita que por parte del ciudadano residentes y turistas la implicación sea máxima. Las compras se tienen que hacer en los comercios donde se cumple la normativa vigente», ha expuesto Busquets.
En cuanto a las sanciones, Busquets ha recordado que la venta ambulante ilegal es un «un punto importante» de la Ordenanza Cívica en la que trabaja el Consistorio, «que esperamos poder sacar a la luz en septiembre u octubre», que trata sobre las multas que se impondrán a los consumidores de esta venta: «Todos los compradores de productos ilegales serán sancionados y las multas rondarán los 750 euros».
Sobre el impacto en el pequeño y mediano comercio de esta venta, la regidora ha admitido que «no hay un calculo exacto pero se estiman miles de euros». En esta línea, ha dicho que el impacto se ve en el cierre de los comercios: «muchos van muriendo poco a poco en Palma y necesitan que la venta ilegal se erradique o disminuya». Por su parte, la presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, ha recalcado que «todo el dinero que la gente gasta en la venta ilegal y falsificaciones no se queda en nuestras ciudades. A nivel nacional, se hablan de 200 millones de euros al año de perdidas e el comercio por culpa de esta venta».
Por otro lado, Domingo, ha agradecido al Ajuntament que «por fin, después de más de diez años reclamando a las administraciones campañas como estas, y haciéndonos caso omiso, nos sentimos apoyados y esperamos que esto no se quede en una mera rueda de prensa y podamos erradicar esta lacra para el comercio. Llevamos ya cinco años notando un gran cierre de comercios». Asimismo, la presidenta de Afedeco, Joana Manresa, ha dicho «basta darse una vuelta por San Miguel, Olmos» para comprobar que muchos echan la persiana. «En una semana o un mes ves comercios que han desaparecido. El pequeño comercio está super dañado», ha añadido.