El Ajuntament de Palma denuncia que está recibiendo amenazas de Mercasa, la empresa estatal dedicada a la distribución alimentaria, que tendría la intención de «intervenir la empresa municipal Mercapalma aplicando el artículo 377 de la Ley de Sociedades de Capital». De hecho, el objetivo es extinguir la sociedad, que el pasado 7 de junio cumplió 50 años, por lo que Mercasa ha presentado una solicitud al Consejo de Ministros.
En los últimos meses se han producido desencuentros entre el Consistorio palmesano y el Gobierno central, ya que Cort pretende que Mercapalma pase a ser de titularidad municipal al 100 por cien, algo a lo que se resiste la entidad estatal. Hasta ahora, Mercasa tenía un 45 por ciento de participación.
El cruce de misivas entre ambas instituciones ha levantado ampollas y fuentes de Cort han mostrado su malestar con la actitud de Mercasa, ya que «pretenden intervenir en Mercapalma para obligar al Ajuntament a mantener a la entidad estatal. Pero su interés es el de continuar obteniendo ingresos de la empresa palmesana, que es de la más rentables de todas las mercas de España». De hecho, Mercapalma obtiene unos ingresos anuales de unos 1,5 millones, cuando hay otras mercas de otras comunidades que son incluso deficitarias.
El pasado 10 de junio, el presidente de Mercasa, José Miñones, envió una misiva dirigida al alcalde de Palma, Jaime Martínez, donde advertía que «tras el término de la vida de la sociedad Mercapalma, y sin que el Ayuntamiento haya planteado soluciones alternativas, tal y como hemos reiterado desde Mercasa» se ha presentado solicitud al Consejo de Ministros, en aplicación del artículo 373 de la Ley de Sociedades, para evitar la extinción de Mercapalma.
Solo dos días después, Miñones volvió a escribir a Martínez para requerir a Cort que «se abstenga de realizar cualesquiera actuaciones que pudieran impedir o derivar en ineficaz» que la entidad estatal siga en Mercapalma, ya que podría suponer «graves consecuencias que de ello se derivarían a Palma, Mallorca, el Archipiélago balear y la red estatal de mercas en su conjunto».
Desde Cort denunciaron que Mercasa «está diciendo que no somos capaces de mantener la actividad de distribución alimentaria cuando eso no es cierto. También nos han acusado de que si salimos de la red estatal, Mercabarna dejaría de enviarnos suministros y pondríamos en peligro los precios».
El enfado del Consistorio es monumental y advierten que «llevamos un año recibiendo amenazas de Mercasa» aunque el anuncio de que la extinción de Mercapalma irá al Consejo de Ministros es la gota que ha llenado el vaso. Una vez llegue al Consejo, Cort tendrá tres meses para presentar alegaciones pero avisa de que la intención «es la de expropiar el patrimonio de la ciudad».