Palma está de resaca después de que el miércoles el alcalde de Palma, Jaime Martínez, anunciara una batería de propuestas para frenar la saturación turística, que se llevarán a la Mesa de la Sostenibilidad para su estudio. La limitación de los cruceros está sobre la mesa, a la espera de informes que indiquen qué medidas tomar, pero la patronal Pimeco ya se ha mostrado «muy preocupada», según su presidenta, Carolina Domingo. «Los cruceros ya tienen restricciones. Si ponen más perjudican al comercio. Además, se está trasladando una imagen de que el turismo es el culpable de todo. En realidad hay falta de infraestructuras y para aliviarlas hacen falta políticas valientes».
Domingo lamentó que se esté «demonizando a los cruceristas cuando pueden suponer hasta el 50 por ciento del negocio de los comercios del centro. Vamos a pedir una reunión con el alcalde». Afedeco, por su parte, declina hacer declaraciones, a la espera de que se aclaren las medidas.
Jaume Garau, de Palma XXI y la Plataforma Contra los Megacruceros, dijo que «igual se han presentado las medidas porque hay elecciones europeas, pero no es buena idea que te las tumbe tu colega de pacto», dijo en referencia a las diferencias con Vox. Garau abogó por «hacer un estudio serio».
En cuanto a la prohibición de nuevas plazas de alquiler turístico en cualquier modalidad, María Gibert, gerente de Habtur, dijo que «este anuncio es simplista, ya estaba prohibido. Había una moratoria de plazas turísticas y en caso de que se levantara, solo se permitía en casas unifamiliares aisladas, es decir, ya estaba prohibido en el 95 por ciento de las viviendas».
Según Gibert, «el alcalde ha dicho que hay unas 9.000 plazas ilegales de alquiler turístico. Eso son 1.800 viviendas y dicen que esto crea problemas de acceso cuando Martínez ha dicho que hay 30.000 pisos vacíos en Palma. Denunció ciertos «privilegios» del sector hotelero, que «cuenta con 40.000 plazas en el municipio pero luego los clientes menores de 16 años no computan, por ejemplo».
Una medida que se aplicará es la obligación de los take away de limpiar en 50 metros a la redonda. «Nos parece genial y lógico. Ya se aplica en Calvià», dijo Alfonso Robledo, presidente de CAEB Restauración. Respecto a perder la licencia en caso de cierre en Cala Major, Passeig Marítim o Platja de Palma, «nos preocupa mucho la letra pequeña. Los propietarios de locales prefieren un restaurante, que paga 2.000 euros al mes, que un colmado, que como mucho serán 800», dijo.