La Federació d'Associacions de Veïns de Palma denuncia un retraso de cinco meses en el cobro de las subvenciones municipales destinadas a las entidades vecinales. Su presidenta, Maribel Alcázar, dice que esta situación se repite años tras año, pero que en esta ocasión «vamos a traspasar mayo sin haber cobrado». Por ello, la Federación solicitó «hace meses» reunirse con el departamento de Intervenció, que se ocupa de las cuentas municipales, y también que asista al encuentro la regidora d'Hisenda, Funció Pública i Govern Interior, Mercedes Celeste, para plantear «algunas cuestiones sobre las subvenciones que se dan», explica Alcázar.
Cabe destacar que ocho asociaciones de Palma, y la propia Federació, ya han ido a la Comisión de Gobierno para poder recibir el anticipo de las ayudas. En concreto, la de Es Molí des Rafal-Vivero, Es Fortí, Son Cotoner, Son Dameto, Son Espanyol, Nou Llevant, es Secar de la Real y Puig de Sant Pere. «Tenemos que cobrar dentro de mayo, pero las tramitaciones son eternas», asegura.
Por su parte el Consistorio explica que «se están realizando los trámites oportunos» y también recuerda que en la Junta de Govern del pasado 15 de mayo se aprobó el anticipo para las ocho asociaciones. Asimismo, asegura que «en estos momentos se están cerrando las justificaciones que quedaron pendientes de la convocatoria 2019-2021 por parte del anterior gobierno». También indica que «se está trabajando para resolver las que están pendientes sin revisar lo más rápido posible».
Dentro de las subvenciones existen dos categorías: la línea A, destinada a la Federació, y la línea B, para las entidades vecinales. Dentro de la segunda categoría, a su vez, hay dos subcategorías: la B1, donde, entre otras cosas, se usan las ayudas para sufragar las fiestas patronales; y la B2, que se dedica sobre todo a actividades de barrio y talleres.
Entre los casals de barri apremia que se resuelvan estas líneas económicas ya que «hay gente que tiene las fiestas pronto, cuentan ya con una previsión presupuestaria pero no liquidez», como es el caso de los barrios del Puig de Sant Pere y Son Dameto. Alcázar señala también que existen problemas con los pagos que se hacen sin trasferencia bancaria, ya que algunos se hacen directamente con tarjetas y son más difíciles de justificar.
Además, reconocer que se sienten un tanto «agobiados» por la situación, puesto que «todo lo hacemos absolutamente legal», lo que supone que el personal que se contrata para el desarrollo de las actividades está dado de alta y necesita cobrar: «Hay que pagarle independientemente de las subvenciones que se reciban», añade.