La patronal PIMEM ha solicitado este lunes al Govern que apruebe una ley balear de contratación Pública que facilite el acceso a este tipo de licitaciones a las pymes, de manera que todas las administraciones de las islas deban reservar un 25 % para las pequeñas y medianas empresas. La agrupación empresarial mallorquina también pide al ejecutivo que preside Marga Prohens que desarrolle estudios estadísticos para hacer «un seguimiento exhaustivo de las adjudicaciones a las pymes mallorquinas», como hacen otras comunidades, ha informado en un comunicado.
El economista, consultor y director de contratación de ConPymes, Jaume Pallerols, ha expuesto la dificultad de las pymes para conseguir la participación que les corresponde en las adjudicaciones públicas y ha propuesto una reserva obligatoria del 25 % para las pymes de Baleares, como única manera de subir la participación de las pymes. «Se trata de una propuesta muy técnica y se debe hacer teniendo en cuenta que si un ayuntamiento está por encima no le afectaría, pero sí debería adaptarse como mínimo a este porcentaje si estuviera por debajo», ha explicado. Según la patronal (sin tener datos específicos de Baleares), sólo el 29 % de las pymes españolas participan de la contratación pública cuando su participación en el PIB es del 60 %.
Los datos en Baleares, según el presidente de PIMEM, Jordi Mora, serían similares. Para el presidente de la patronal mallorquina, «la nueva ley permitiría poner orden y unificar criterios y esto se puede hacer con las actuales competencias que tiene nuestra comunidad». Ha indicado que el País Vasco ya ha legislado en favor de esta contratación pública y Cataluña está en proceso. PIMEM reclama también al Govern que establezca los mecanismos necesarios para elaborar una estadística que sirva de base de datos sobre las licitaciones y los pliegos de condiciones. Pallerols reclama también que se introduzca el llamado 'texto pyme' y que «antes de cualquier licitación se tenga la información necesaria para adaptar el pliego de condiciones y facilitar al máximo el acceso de las pymes».
Tanto PIMEM como CONPYMES coinciden en criticar el retraso de las instituciones a la hora de hacer cumplir las directivas europeas. Recuerdan el decálogo europeo aprobado en 2008, cuyo punto número cinco reclama «el apoyo explícito a las pymes en materia de contratación pública».