La cuenta atrás para el desalojo de la discoteca Social Club Mallorca ha comenzado. Ayer un técnico de la Delegación de Gobierno y representantes de la empresa Alhambra S.A. acudieron al Ajuntament de Palma para formalizar la expropiación forzosa de la concesión del inmueble, a través de la firma del acta formal de ocupación de los bienes. Ahora, el club nocturno dispone de 15 días hábiles para desalojar el local del Paseo Marítimo.
De esta manera, el reloj echa a andar desde el 8 de abril y expira su tiempo, tres semanas más tarde, el 26 de abril. Lo que pasará después de esa fecha es un misterio aún. Desde la Autoritat Portuària de Balears (APB), beneficiaria de la concesión expropiada, barajan todas las opciones aunque reconocen que esperan que la empresa notifique el desalojo y permita continuar con las obras de reforma y remodelación del Paseo.
En el caso de que persista en su actividad, los ocupantes del club pasarán a estar considerados okupas y deberá abrirse un proceso judicial, si fuera menester. Por el momento, la discoteca continúa celebrando eventos nocturnos y en su página web aparecen fiestas hasta el 30 de abril, aunque en los próximos días podrían modificar su calendario de ocio nocturno.
Un largo litigio
Cabe recordar que este desalojo forzoso se ha prolongado en el tiempo debido a que la empresa cuenta con una concesión para explotar el local hasta 2027, a la que no ha querido renunciar. Por ello, la APB intentó negociar y ofreció una compensación económica a Alhambra S.A. para rescatar la concesión y proceder a la demolición del edificio y su pasarela.
Dicha oferta monetaria contemplaba, desde el punto de vista de la Autoritat, el beneficio que estimaba ganaría la discoteca hasta 2027. Por su parte, los representantes del Social Club rechazaron la oferta de dinero, ya que consideraban que las ganancias serían muy superiores.
Al no haber acuerdo, el 8 de enero el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible resolvía declarar la urgente ocupación de lo bienes y derechos, ya que demorar más la intervención implicaría que la ejecución de las obras del Paseo se paralizaran, prolongando innecesariamente los riesgos y restricciones tanto a viandantes como a la circulación de los vehículos en la zona.