Tanto el presidente de la Asociación de Amigos de Mallorca, Menorca y Eivissa en Caravana, Camper y Autocaravana (Ammicca), Miquel Caldenteny; como el de la Asociación Balear Cultural de Tiempo Libre y Autocaravanismo (Abaces), Antonio Tomás, se muestran favorables a que se acabe con los asentamientos ilegales en Palma: «El que no cumpla la normativa, que lo pague», dice Tomás y señalan que en muchas ocasiones lo que hace que haya malas praxis está relacionado con la falta de puntos verdes en Mallorca, ya que sólo existe uno en la Isla, en el polígono de Son Castelló. Sin embargo, no están de acuerdo con la adopción de medidas discriminatorias que pretende instaurar Cort.
José Luis González-Zarauz, vive en una autocaravana por elección propia, no por necesidad. Lo hace en el polígono de Son Güells, donde hay unas 50 autocaravanas más. En su caso, respeta la normativa: estaciona, pero no acampa. Según la instrucción PROT 2023/14 de la DGT se entiende que un vehículo estaciona y no acampa cuando lo que sucede en el interior del vehículo no transciende al exterior. En este sentido, la ordenanza que se propone «no es coherente con el Reglamento General de Circulación, ya que presenta un enfoque discriminatorio y desproporcionado para aquellos que optan por este estilo de vida», dice Caldenteny.
«Hay gente bastante incívica. Yo voy cada cinco días al punto verde a cambiar las aguas grises y negras, pero muchos que están en Son Güells no se mueven y las tira al alcantarillado», dice González-Zarauz. «Habría que facilitar una manera de cambiarlas sin moverse tanto», indica.
La falta de vivienda asequible ha empujado a muchos a vivir en vehículos como alternativa y, al no haber zonas habilitadas en Mallorca para ellos, han germinado los asentamientos. Los puntos calientes principales donde están son en la zona de Ciutat Jardí, el parking de las piscinas de Son Hugo y cerca del Estadio Balear. En este último hay aparcadas entre semana caravanas pero no personas viviendo.
«En ningún caso nos ponemos en contra de esta gente, porque bastante tienen con vivir en un vehículo vivienda. Apostamos por reubicarlos y que el Ajuntament les dote de servicios», dice Caldenteny. Asimismo, recalca que la situación actual supone un problema ya que genera una mala imagen de cara a los caravanistas y se traduce en una normativa «que carece de fundamento legal sólido y perpetúa la discriminación hacia un grupo específico de ciudadanos».
Por todo ello, ambas asociaciones piden al Ajuntamentque revise y modifique la ordenanza cívica propuesta, con el fin de garantizar que las regulaciones relacionadas con estacionamiento de vehículos vivienda sean justas, equitativas y respeten los derechos y dignidad de todos los ciudadanos, sin incurrir en prácticas discriminatorias o estigmatizantes en función del tipo de vehículo de que se trate, y estableciendo los sistemas de control necesarios para su correcta aplicación.
Problema de vivienda
Las formaciones municipales de PSOE y Més per Palma critican que esta nueva ordenanza cívica esté centrada en nuevas multas y en el aumento de las ya existentes, pues esconde un problema de base al que no se está atendiendo desde la Administración: la falta de vivienda asequible.
Además, recuerdan que, en todo caso, lo que se debe hacer es cumplir lo que se aprobó por unanimidad en el pasado pleno de diciembre en cuanto a que el Consistorio lideraría una coordinación interinstitucional para dar una respuesta unificada al uso de las caravanas como infraviviendas en Palma.