Escombros, vegetación que invade el espacio que en su día atrajo a palmesanos y turistas para disfrutar de unas vistas privilegiadas... y un silencio que asusta. Ese es el panorama que se dibuja en la actualidad en lo que fue el 'chill out' de s'Avançada de Sant Carles, en el Dique del Oeste de Palma. Cerrado desde hace años, tras un largo contencioso entre el concesionario y el Ajuntament de Palma, ese recinto privilegiado traza una imagen poco atractiva en la fachada marítima de la capital mallorquina.
Y a corto plazo, no parece claro que cambie el panorama, pues desde Ports de Balears, titular de ese espacio, no contemplan ninguna intervención en ese espacio, recordando que la problemática se origina a raíz de las diferentes denegaciones de licencias por parte de Cort. De hecho, en un inicio y antes de la instalación de ese negocio, Ports rehabilitó aquel espacio del Dique del Oeste, correspondiente a la Batería Avanzada (s'Avançada) del Castillo de San Carlos.
En un inicio, el Ajuntament de Palma acabó denegando las licencias de obras y de actividad al no disponer en un inicio de ellas. Urbanisme aceptó la petición de la APIB de aplazar la orden de demolición a la espera de un informe del Ministerio de Cultura que permitiera compatibilizar esta actividad con la declaración de Bien de Interés Cultural de la fortaleza.
A raíz de ello, Ports y Cort acordaron que el Ministerio de Cultura mediara. Desde Madrid, autorizaron el proyecto modificado para instalaciones de terraza (bar-cafetería-restaurante) y un centro de información turístico-cultural en la Batería Avanzada de San Carlos. Cultura emitió un informe favorable a través del Instituto de Patrimonio Cultural de España, quien reconoció que se ajustaba a la Ley de Patrimonio Histórico, pero el Ajuntament de Palma seguía denegando la licencia de actividad.
El cambio y el final de la concesión o los cambios de gobierno en Cort han dejado en punto muerto un espacio que, con el paso de los años, se va deteriorando. Esta edificación está catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC) por dos leyes de Patrimonio, la estatal de 1949, y la autonómica de 2008.
La apertura del 'Lolita Beach Club', en 2015, dio pie a su clausura por parte de Cort, ratificada en 2017 por el TSJB. La concesión del local cambió de manos y en 2018, la nueva adjudicataria planteó un proyecto de legalización que no fue ejecutado finalmente al no variar el criterio técnico del Ajuntament de Palma, que mantuvo en pie su postura de denegar los permisos de obra y apertura.