«Los inquilinos han actuado de buena fe, esto se debería haber tenido en cuenta en la sentencia». Este es el argumento de Laura Morató, abogada de una de las 23 familias que se han encontrado por sorpresa con el desahucio de sus viviendas en la calle Sevilla, en el barrio de Son Dameto, y que es propiedad de la Sareb.
«Se les ha tratado de okupas sin título pero en este caso los afectados firmaron un contrato de alquiler. Son gente normal que firmó un contrato de arrendamiento que ha seguido pagando la renta, las han consignado en el juzgado o han apartado la partida económica para poder pagarlo en cuanto se les facilitara el nuevo número de cuenta», asegura la letrada.
Las 23 familias de la calle Sevilla advierten que llevan casi diez años en esas viviendas de alquiler, que pertenecían en primer lugar a S240 Restauración. Después el propietario perdió el bloque de viviendas y pasó a ser de la Sareb. Aunque algunos inquilinos intentaron comprar las viviendas cuando salieron a subasta, no tuvieron opción de adquirirlos al precio de salida, que fue de 235.000 euros, pese a tenían la opción de tanteo y retracto.
El objetivo de esta letrada y del resto de abogados que asesoran a las familias afectadas es «que puedan seguir en sus viviendas hasta que se extinga el contrato», que en muchos casos se alarga hasta cuatro años más.
Morató advierte que «es cierto que el juez que ha solicitado el desahucio ha aplicado la ley, pero también hay que tener en cuenta que tienen buena fe». De hecho, los inquilinos en todo momento se han hecho cargo de los gastos de la comunidad, han pagado derramas así como arreglos en sus viviendas.
La letrada considera que en la sentencia se debería tener en cuenta la situación actual del mercado inmobiliario, al que las familias se están enfrentado, donde solo encuentran pisos que cuestan el doble de lo que están pagando en la actualidad. Morató advierte que, según la sentencia, «no se puede recurrir, igual que si fuese una ejecución hipotecaria. Yo he podido hablar con la Sareb y han mostrado su intención de negociar con los inquilinos para regularizar sus contratos. Es un caso peculiar, por eso la Sareb está dispuesta a arreglar la situación». Entre las 23 familias afectadas hay niños, bebés y personas con discapacidad que temen ser desahuciados en menos de un mes.