La tercera edad de Son Cladera anda revolucionada por el inminente desahucio de la sede de su asociación. Por este motivo, este viernes, en una reunión tensa, han decidido llevar colchones y dormir dentro del local para evitar el lanzamiento previsto para el miércoles 3 de enero. El impago del alquiler a la Fundació Sa Nostra, propietaria, se ha convertido en una bola imposible de digerir: ya deben más de 30.000 euros.
Tras los cambios en la directiva de la asociación, a la que se le acusa de mala gestión y además, no gestionar las ayudas que les ofrecían las instituciones, la nueva gestora advierte que «estamos dispuestos a emprender acciones legales contra el antiguo presidente. Pero nosotros no vamos a pagar la deuda». Y no solo eso: «No queremos abandonar el local bajo ningún concepto, nos sentimos engañados por todos», ha dicho la presidenta de la gestora, Yumelis Coronado, que despotrica contra las instituciones y la antigua directiva, que «se llevó todos los muebles y el dinero que había en las cuentas».
Esta situación ya lleva años enquistada. Jero Marqués, presidenta de la Federación de Gent Gran de la Ciutat de Palma, ha señalado su extrañeza por el enrocamiento de la gestora de la asociación. «Se les ofreció condonar la deuda y un local de 150 metros cuadrados justo enfrente pero no lo quieren. Ahora que la maquinaria judicial está en marcha, no sé qué pasará con esos 30.000 euros de deuda, a los que se suman las facturas de agua y demás que también se deben».
La Fundació Sa Nostra ha declinado hacer declaraciones al respecto, aunque ya antes advirtió que necesitaban el local para acoger a varias entidades sociales. A su vez, Catalina Cladera, portavoz socialista en el Consell de Mallorca, reclamó al presidente Llorenç Galmés que «cumpla con sus compromisos cuando se paseaba con Catalina Cirer por Son Cladera y facilite la continuidad de la actividad de la asociación de la Gent Gran».
El PSOE señaló que «el Consell podría asumir la gestón del local de Son Cladera, ya sea con la compra o el alquiler del inmueble, que podría acoger otros servicios propios del Consell y así garantizar la estancia de la asociación de la tercera edad».