Un año de cárcel por una caseta de 24 metros cuadrados y dos gallineros. Un hombre aceptó este jueves una condena por construir en una finca rústica de Palma que tenía subarrendada sin ningún tipo de permiso municipal. Las edificaciones chocaban con la normativa urbanística y son todas ellas ilegalizables, por lo que la sentencia del juzgado de lo Penal ordena su demolición. De hecho, la pena de prisión para el acusado queda suspendida con la condición de que acredite que el terreno ha vuelto a su condición original como mucho de aquí a dos años. Si no lo hace, el juzgado revocará la suspensión de la pena de cárcel y tendrá que ingresar.
La pequeña construcción, de seis metros de largo y cuatro de ancho y los dos gallineros fueron realizadas por una persona que tenía parte de la finca subarrendada. El propietario original había alquilado el inmueble, una finca de más de 28.000 metros cuadrados situada cerca de Son Sardina, a otra persona en un contrato con opción de compra.
Subarrendado
El primer arrendador lo que hizo fue dividir en diez parcelas la propiedad, a pesar de que la normativa urbanística de Palma no se lo permitía. Subarrendó cada una de ellas sin permiso del propietario y a pesar de que la normativa de las Islas no permite la parcelación de unidades urbanísticas de este tipo, reconocida como finca de interés agraria.
En su parte, el ahora acusado construyó la caseta y los dos gallineros, en una fecha que la acusación pública fija a finales del año 2020. La irregularidad fue detectada por el Ajuntament de Palma que incoó un expediente de disciplina urbanística y ya ordenó la demolición de las construcciones ilegales en febrero de 2021 y trasmitió la orden tanto al propietario como al arrendador que había parcelado el terreno. El acusado insistió ayer en el juicio en que la caseta y los gallineros ya han sido demolidos. En paralelo se presentó una denuncia penal por un delito contra la ordenación del territorio que llegó a juicio ayer en un juzgado de Palma.
La defensa del acusado y la Fiscalía alcanzaron un acuerdo por el que el Ministerio Público rebajaba su petición inicial de cárcel dos años a uno. La condena contempla además una inhabilitación durante un año para que el acusado ejerza como constructor y le fija un plazo de dos para ejecutar la demolición. Al margen de ese plazo la condena se suspende tres años con la condición de que no cometa delito alguno en ese tiempo. Además le impone una multa económica.