En vez de «violencia de género», en Cort se habla ahora de violencia «intrafamiliar»; los derechos «sociales» pasan a llamarse derechos «constitucionales»; desaparece la «lengua propia de las Illes Balears» en el apartado lingüístico del Ajuntament, como lo hace también el epígrafe LGTBI.
Son algunas de las modificaciones que el gobierno del PP en Palma ha realizado al decreto de alcaldía, tres meses después de haberse aprobado justo al iniciar la legislatura, en el que se establece la organización de los servicios administrativos del Ajuntament y donde se perfilan las actuaciones y las prioridades que cada área llevará a cabo.
Era, además, una petición expresa de Vox que se dejó plasmada en el pacto de gobernabilidad con el PP. La intención, ya lo dijo en su día el portavoz adjunto del partido, Fulgencio Coll, era «eliminar la nomenclatura de izquierdas».
Críticas de la oposición
Rosario Sánchez, líder del PSOE, ha advertido de que «el marco mental de Vox estatal está instaurado en el Ajuntament. Han secuestrado los presupuestos para impulsar los cambios culturales». Ha asegurado además que «quien toma las decisiones es el señor Santiago Abascal, saltándose el Estatuto de Autonomía y el consenso lingüístico». Sánchez ha acusado al ejecutivo municipal de retroceder 40 años en el tiempo, pues son muchas las referencias a la Constitución de 1978 que recoge el nuevo documento.
En el mismo sentido se ha expresado Neus Truyol, de Més per Palma: «Vox señala y el PP ejecuta», ha dicho. La portavoz de esta formación ha destacado que Palma desaparezca del Consorci Institut Ramon Llull cuya función es la de promocionar la cultura a nivel internacional, o la eliminación del organigrama adjunto a la Defensora de la Ciutadania, algo que ya se ha ejecutado.
«Introduce la Constitución Española en todas partes pero sólo la usan para fijar una españolidad uniformada y excluyente», ha lamentado Truyol. «Como mínimo leedla entera y hacedla respetar por completo, no sólo en aquello que os interesa», ha añadido.
Por su parte, el Partido Popular ha subrayado que las modificaciones son únicamente de nomenclatura y que no habrá una reestructuración o afectación de las políticas del gobierno. «No son cambios culturales ni mucho menos», ha aclarado Mercedes Celeste, quien ha recordado que la medida es en cumplimiento del pacto firmado por ambas formaciones.
Y es que el decreto cambiado es el que recoge a qué se dedica cada una de las regidurías pero, según defiende el ejecutivo municipal, pese a que se modifica la forma, no cambiará el contenido. La regidora de Hisenda y Función Pública se ha comprometido a seguir trabajando en los derechos de las personas LGTBI o de las personas más vulnerables.