PSOE y Podemos reclamaron que se revierta la decisión del Ajuntament de eliminar recursos de la Oficina de la Defensora de la Ciudadanía, después de que se destituyera a Vicente Rodrigo, adjunto de la defensora, de un día para otro, lo que ha supuesto una pérdida de recursos humanos. La defensora de la ciudadanía, Anna Moilanen, advirtió que esta decisión «es una intromisión en esta oficina. La política partidista no debería afectarla. Supone la vulneración de los derechos y una mala praxis en un ayuntamiento como el nuestro». Tanto PSOE como Podemos reclamaron que se revirtiera la decisión de destituir a Rodrigo y el socialista Francisco Ducrós advirtió que se está llevando a cabo «un fraude de ley».
El regidor de Vox, Fulgencio Coll, justificó la eliminación de este servicio para que fuera asumido por un funcionario de libre designación, uno de los puntos que estaban dentro del Pacto Programático firmado entre su partido y PP en septiembre. «No se trata de injerencia política ni de un ataque personal, sino de evitar duplicidades en la administración», dijo.
«Ya están cubiertas estas necesidades y los medios son redundantes», insistió Coll, que añadió que «el arreglo de la oficina de la defensora costó 250.000 euros y el alquiler anual supera los 75.000 euros». La oficina que ocupa ahora la defensoría se inauguró en 2009 y Moilanen asumió el cargo en 2012 tras contar con el voto a favor del PP en su momento. La defensora advirtió que si era necesario, ocupará un despacho dentro de Cort: «Me da igual el despacho, mientras la oficina quede abierta a los ciudadanos».
La Oficina de la Defensora tiene abiertos unos 500 expedientes al año y supone la puerta de entrada de los ciudadanos que tienen algún conflicto con el Consistorio y necesitan ayuda para resolverlos.