Quedan apenas cinco inquilinos que sobreviven con el negocio abierto en el Escorxador de Palma, además del centro de salud, la biblioteca municipal y CineCiutat. A ellos se les está tratando de regularizar los pagos y darles una seguridad jurídica de la que carecen desde que se acabara la concesión de la explotación de la infraestructura por parte de Mercasa, el 31 de diciembre de 2021.
El gobierno del pacto no volvió a sacar el servicio a concesión pero tampoco dio una alternativa para aquellos que ejercen una actividad económica en el recinto por lo que los negocios no tenían a quién pagar el alquiler y se encontraban en una especie de situación alegal.
El actual ejecutivo ha regularizado los pagos pendientes de forma que, este mismo mes, los propietarios han tenido que desembolsar de golpe el alquiler de un año y medio. «Esperamos que al menos nos descuenten una parte por el mantenimiento que antes hacía Mercasa y que ahora es del Ajuntament», explica Vicente Sánchez, a quien todos conocen como ‘Chino', responsable de Es Cantonet.
Cuando terminó y se liquidó la concesión de explotación a Mercasa, explica Angelica Pastor, que por entonces era responsable de Infraestructuras en Cort, «vimos que faltaba mantenimiento, que no habían invertido bien para adaptar las actividades a la normativa y que, hasta que no resolvieran lo que tenían pendiente, no podía salir de nuevo la concesión». Por entonces se realizó una valoración y un informe en el que se estipularon obligaciones por un valor de dos millones de euros para Mercasa y de un millón para el Ajuntament.
Infraestructures asumió el mantenimiento del recinto y, en principio, debería haber un contrato de alquiler con los usuarios para que no se quedaran sin poder continuar la actividad. He ahí el problema. Los inquilinos aseguran que no hay nada firmado.
Así pues, en este momento, los técnicos y servicios jurídicos de Cort han encontrado una fórmula para poder responsabilizarse de los contratos mientras se redacta de nuevo los pliegos para la concesión. Si bien la situación no es la más óptima, se gana en seguridad en base a la legalidad y los inquilinos pueden volver a distribuirse los gastos comunes.