El cerco de las Administraciones para provocar el cierre de las gasolineras de les Avingudes y de la Plaça de Progrés se estrecha y, aparte de la multas coercitivas que le está imponiendo el Ajuntament de Palma para forzar su desmantelamiento, ahora la Conselleria de Medi Ambient ha reabierto el expediente por las filtraciones de hidrocarburos y la contaminación detectadas en el subsuelo de la segunda de las instalaciones. Este expediente se había paralizado ante los recursos presentados por la empresa.
Así, según confirmaron fuentes del departamento autonómico, durante las últimas semanas se ha reunido con la propiedad de la gasolinera de la Plaça de Progrés para «exigirles de manera urgente» que reparen el daño de las citadas filtraciones, que afectan a un acuífero, y que presenten un plan de actuación para limpiar el área afectada. Las mismas fuentes destacaron que, según la ley de residuos, «el causante de la contaminación es el responsable de reparar y asumir los trabajos» y señalaron que la empresa ha presentado un plan de restauración «pero es muy básico e incompleto por lo que le hemos requerido más documentación». Al parecer la empresa ya ha reparado el deposito dañado pero no ha hecho «ningún movimiento para limpiar el combustible vertido» ni han garantizado, «aparte de una declaración de intenciones» que el terreno recuperará su estado original.
Al mismo tiempo, según puntualizan desde Medi Ambient, se trabaja en paralelo en otro expediente, este de sanción, por las infracciones detectadas durante el proceso. Desde el Govern se asegura que la propiedad no cumplió «con la obligación de actuar ni de informar» una vez que se detectaron las perdidas en uno de los cuatro tanques con los que opera la gasolinera. Es por eso que, según el articulo 77 de la Ley de Residuos y el articulo 37 de la normativa de Responsabilidad Ambiental, se ha cometido, «al menos» una infracción grave y que implica una sanción entre los 9.000 y los 300.000 euros.
Esta cantidad se suma a las tres multas coercitivas de 40.000 euros cada una que, de momento, le ha puesto el Ajuntament por no parar la actividad y desmantelar las instalaciones. Cabe recordar que Cort pretende recuperar el dominio público de las gasolineras argumentando que la concesión caducó en el año 2008 y que la empresa lleva desde 1985 sin pagar ni el canon ni las tasas municipales. En este sentido desde el área de Govern Interior se le han reclamado las tasas impagadas de los últimos 4 años, el máximo permitido por la normativa, que ascienden a 300.000 euros más. Entre multas y tasas pendientes la empresa ha abonado, de momento, 420.000 euros.
El apunte
Cort estudia otras medidas de «presión» para forzar el cierre
Los técnicos del área de Govern interior están estudiando la posibilidad de aplicar otras medidas «de presión» contra la empresa «dado que no se está consiguiendo el objetivo de que las gasolineras cierren». En todo caso será el nuevo equipo de gobierno de Cort el que decida si estas medidas, que incluye el desalojo policial, se aplican o no.