El Ajuntament de Palma aprobó, en Junta de Govern, el convenio con el IBAVI por el cual el instituto autonómico cede al Consistorio siete viviendas que se destinarán a realojar familias de Son Banya. Con esta cesión el Consistorio podrá avanzar en el proyecto de desmantelamiento del poblado, fechado para este año según el calendario pactado entre las Administraciones y los residentes. El convenio suscrito recoge que los inmuebles serán asumidos y gestionados por el regiduria de Benestar Social, dirigida por Antoni Noguera, que, a su vez, adquiere el compromiso de abonar casi 19.000 euros anuales en concepto de alquiler.
Esta cantidad, posteriormente, será cobrada por el Ajuntament a los nuevos usuarios de las viviendas. Asimismo, el Consistorio tendrá que abonar los gastos derivados del mantenimiento y de los suministros que necesiten las siete viviendas cedidas por el Govern balear. Este compromiso se complementará, según confirmaron desde Cort, con la cesión, por parte del Patronat Municipal d'Habitatge, de dos viviendas más.
Esto implica que las viviendas cedidas a los residentes del asentamiento, nueve en total en esta fase, permitirán realojar en otros barrios a unas 50 personas que se sumarán a los 151 residentes que han sido reubicadas desde que se inició el proceso, durante el ejercicio de 2018. Asimismo, esta maniobra, permitirá demoler la llamada ‘isleta 4' y lo que queda de la ‘isleta 2' conjuntos que agrupan a un total de 14 viviendas. Según las estimaciones de Cort, una vez habitados los nuevos inmuebles sólo se necesitan una veintena de viviendas más para desalojar todo el poblado y desmantelarlo en su totalidad.
Este acuerdo ha estado encallado durante unos meses ante la falta de inmuebles disponibles del Patronat municipal y ante la ausencia de un compromiso firme por parte del instituto autonómico, dependiente de la Conselleria d'Habitatge. De hecho, la oposición en Cort llegó a pedir en pleno la reprobación de su responsable, Josep Marí, «por no atender las necesidades habitacionales para poder desmantelar el poblado». La propia presidenta del Govern, Francina Armengol, tuvo que interceder entre las partes ante la petición expresa de los residentes.
El apunte
El patriarca amenazó a Cort con romper las negociaciones si no llegaban las viviendas
El bloqueo en el calendario para desmantelar el poblado de Son Banya por falta de viviendas disponibles hizo que el representante de los residentes y presidente de la Federación de Entidades Gitanas de Baleares, Carlos Cortes, amenazará con romper las negociaciones y con dinamitar el proyecto para eliminar las chabolas. En aquel momento el patriarca aseguró que el colectivo se sentía «engañado» y acusaba a las Administraciones de «reírse de nosotros» por no cumplir los compromisos adquiridos. «No van a tirar ni una casa más si esto no se arregla». El representante de los residentes aseguró que aún residen en el poblado unas 50 familias y criticó que las condiciones en el asentamiento «son un desastre» ya que, destacó «sólo hay electricidad a veces».