La plataforma ciudadana para pedir el desmantelamiento de las canteras de Sa Garrigueta y Can Rosselló exigió ayer, en el último pleno ordinario de la legislatura, «más firmeza institucional» y que el Ajuntament recupere los espacios para habilitar en la zona equipamientos municipales como un parque público. Maribel Alcázar, en representación de los afectados, confirmó que el Govern se ha negado, como si hicieron el propio Cort y el Consell Insular por unanimidad, a crear un frente institucional común para rechazar los proyectos de restauración propuestos por la propiedad de las canteras y habilitar en la zona un espacio público.
Alcázar criticó los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo balear, que existe una declaración de impacto ambiental favorable de Medi Ambient y que los proyectos de restauración ya se están tramitando, y presentó una copia de las 3.413 firmas ciudadanas que han recogido apoyando su reivindicación. Asimismo, recordó que los proyectos de restauración «son en realidad una explotación encubierta» y que implicaría el paso de más de 35.000 camiones al año por la zona con las consiguientes molestias vecinales. También reclamó «más compromiso» por parte del Ajuntament de los acuerdos aprobados en sala y remarcó que el Consistorio tiene «la capacidad y competencias urbanísticas para paralizar los proyectos» ya que, a su parecer «tienen una deuda con los vecinos que llevan cuatro años reclamando una solución».
Precisamente el Partido Popular presentó una moción de urgencia en la que reclamó, en línea con los vecinos, que Cort asumiera el compromiso de recuperar las canteras. Los ‘populares' propusieron que se modifique el PGOU para calificar las canteras como «espacio libre público en suelo rústico» y que se inicien los trámites para expropiarlas. Esta petición fue rechazada por el equipo de gobierno argumentando que este proceso «dilatará la solución mucho más tiempo» y recordó que hay otras posibilidades, como la negociación con la propiedad, para llegar a una solución.
Al pleno municipal también acudieron los vecinos de Son Armadans para denunciar la contaminación tanto acústica como medio ambiental y el vandalismo nocturno en el barrio. El representante de los vecinos, Manuel García Pelayo, destacó que se están produciendo numerosos casos de «turismo de borrachera y peleas callejeras» y señaló que las obras del Passeig Marìtim está desviando el tráfico de camiones hacía la zona». Tanto García como la oposición, Cs había presentado una proposición, pidieron más presencia policial y criticaron el asfaltado del aparcamiento disuasorio de la calle Federico García Lorca. Todos los partidos, por unanimidad, se comprometieron a poner los medios para mantener el descanso vecinal.
A la sala, igualmente, acudieron los representantes sindicales de los trabajadores de la ORA, quienes recordaron que han demandado al Consistorio por las grabaciones «ilícitas» que se produjeron desde sus dispositivos de trabajo y criticaron que la empresa les ha hecho firmar un documento por el que pueden ser sancionados «utilizando el GPS» de sus tabletas. También participó en el pleno Jesús Álvarez, con movilidad reducida, que reclamó «más accesibilidad y seguridad» para el colectivo en los autobuses de la EMT.