El Ajuntament de Palma sigue con su cruzada para que las gasolineras de les Avingudes y de la Plaça de Progrés paren su actividad y, ante la falta de movimientos de la propiedad, ha decidido comenzar los tramites administrativos para imponerles multas coercitivas y forzar, de esta forma, su desmantelamiento. Cabe recordar que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo denegó las medidas cautelares que había solicitado la empresa Febrer con objeto de paralizar el procedimiento iniciado por Cort para recuperar el dominio público de las gasolineras. Una vez notificada la resolución el Consistorio retomó el expediente y dio un plazo para que se suspendiera la actividad y se presentara un proyecto para desmontar y descontaminar los espacios.
Este trámite no se ha realizado en tiempo y forma por lo que ya se han iniciado el proceso para sancionar a la propiedad. Estas multas coercitivas se pueden calculan de diferentes formas pero ya en su día, desde el Ajuntament, se señaló que se aplicaría el 5 por ciento del valor del dominio público y que la sanción se repetiría cada ocho días hábiles hasta que se cerraran las instalaciones a día de hoy en funcionamiento.
Teniendo en cuenta que el valor catastral de ambas gasolineras es de algo menos de 800.000 euros las multas, que serán notificadas a la empresa en los próximos días, ascenderán a algo menos de 40.000 euros y se irán repitiendo hasta que, como se ha comentado, se pare la actividad.
Desde Cort también se anunció la intención de pactar con Febrer un calendario, cosa que no se ha producido, y se descartaron medidas más contundentes, como un desalojo policial, para no implicar a los trabajadores. Sin embargo desde el Ajuntamente se están buscando formulas a nivel jurídico para seguir presionando a la propiedad por si llega el caso de que las multas coercitivas, a razón de más de 100.000 euros mensuales, no provocaran el cierre y la presentación de los proyectos de desmantelamiento y descontaminación solicitados.
El dato
La empresa tendrá que pagar otros 273.000 euros de tasas
El proceso para recuperar el dominio de las dos gasolineras, que no pagan las tasas de ocupación de vía pública desde 1985 y tienen caducada la concesión desde el 2008, también incluye medidas para obligar a la empresa a pagar los tributos pendientes. En este sentido también se les ha reclamado el pago de 273.000 euros, correspondientes a las tasas de los últimos 4 años, que es lo que permite la normativa.