El Ajuntament de Palma, a través de Emaya, está pagando 26 millones de euros a Tirme cada año por incinerar la basura que no se puede reciclar, según confirmó el regidor de Medi Ambient, Ramón Perpinyà. Actualmente la empresa municipal está potenciando medidas, como el servicio puerta a puerta en varios barrios del municipio, para potenciar la recogida selectiva y, de esa forma, rebajar la factura que tienen que abonar a la incineradora. Sin embargo, según destacó el regidor, «aparte de poner los medios todo pasa por concienciar a los ciudadanos. Mientras más se recicle en Palma menos se pagará en concepto de incineración».
De hecho Emaya a día de hoy está recogiendo 229.675 toneladas de basura anualmente, una media de 629 toneladas cada día, de la que sólo se puede reciclar un 27 por ciento. El resto, los desechos que se tiran a los contenedores grises, se tiene que enviar a las instalaciones de Tirme para que sean eliminadas con el consiguiente coste para las arcas municipales. Este porcentaje, según la memoria de la empresa, se ha incrementado en 12 puntos durante los últimos ocho años ya que, en el ejercicio de 2015, solamente el 15,3 por ciento de los residuos llegaba a través de la recogida selectiva.
En este sentido el responsable de Emaya ya ha comentado en alguna ocasión la necesidad de que la empresa siga trabajando en la concienciación de la ciudadanía ya que la normativa de la Unión Europea establece que los municipios deben reciclar el 50 por ciento de los desechos, cifras todavía lejanas a las de Cort. Para alcanzar este objetivo la empresa tiene previsto instalar contenedores específicos de materia orgánica en toda la ciudad durante los próximos meses. Cabe destacar que, siempre según sus propios datos, la recogida de este tipo de residuos se incrementó un 55 por ciento en Palma durante el año pasado.
Asimismo se pretende potenciar las recogidas «específicas» para grandes generadores de residuos, como hoteles y mercados, y se ampliará la recogida selectiva, actualmente implantada en cinco barrios del municipio, a otros distritos ya que su porcentaje de material que, posteriormente, se reutiliza supera el 70 por ciento.
Precisamente este jueves en comisión municipal se aprobó un reconocimiento de deuda a favor de Tirme por valor de 415.000 euros. Esta cantidad corresponde al canon que tienen que pagar todos los ayuntamientos tras la aprobación, en abril de 2022, de la normativa estatal que penaliza los índices de desechos que no se reciclan. Perpinyà auguró que en 2023 el importe del canon subirá a más de un millón de euros y que el dinero va a un fondo común, que será gestionado por una comisión en la que participa también el Consell Insular, y que se destinará a proyectos de recogida selectiva, plantas de compostaje y puntos verdes, entre otros.