El Ajuntament de Palma decidirá en los próximos días el cambio de empresa que notifica sus multas ya que la prorroga de seis meses que se aprobó para que CI Postal continuara con el reparto, y no quedarse sin servicio, acaba a final de este mes de marzo. El nuevo pliego incrementa el presupuesto de esta partida de 3 a 5,2 millones anuales al haberse triplicado el numero de sanciones, según confirmo Alberto Jarabo, regidor responsable de la tramitación.
En Cort ya tienen claro que no continuarán trabajando con la empresa, que ha sido investigada por los problemas que ha habido en las notificaciones de sanciones, incluidos retrasos y falsificaciones en los acuses de recibo por parte de dos ex trabajadores imputados. La irregularidades han provocado que muchos ciudadanos hayan recibido las multas con recargo y que se hayan organizado en una plataforma para denunciar la vulneración de sus derechos.
El pliego que ahora tiene que resolver el Consistorio tiene un presupuesto de licitación de 15,5 millones de euros por tres años de servicio, un 40 por ciento más que el actual. El compromiso puede ser prorrogado dos años más si ambas partes así lo deciden, con lo que el importe, si se ejecuta esta opción, ascenderá a 25,7 millones de euros. El contrato está dividido en dos lotes, uno para las notificaciones en Palma y el otro «con destinación universal» excepto Ciutat. Hasta ahora del primero se encargaba CI Postal y del segundo Correos.
Dado los problemas que han tenido con las notificaciones el Ajuntament ha incorporado una serie de condiciones para, según detalla Jarabo, «prever y enmendar incidencias». Entre ellas, enumera el regidor, se establece que la empresa adjudicataria tiene que tener un número mínimo de oficinas de atención al público y recogida de correspondencia, 4 en Palma para el primer lote y 8 en las Baleares más varias en la Península, para el segundo lote.
Asimismo, confirma el regidor, también tendrá que garantizar que el servicio cuenta en Palma con un mínimo de doce vehículos, un centro de distribución y 20 trabajadores. Otras de las obligaciones que incluye el pliego es que la adjudicataria debe contar con un servicio de atención ciudadana que resuelva dudas y reclamaciones, tanto por teléfono como por correo electrónico, y tiene que recoger información estadística sobre el grado de satisfacción de los usuarios.
El apunte
Un plazo de entrega entre tres y cinco días
Uno de los aspectos en los que incide más el nuevo contrato es el plazo de entrega de las cartas y, en este sentido, establece que tienen que ser entregadas, tanto las ordinarias como certificadas, en tres días en el caso de las Islas y cuatro días en el resto del territorio nacional . En lo que se refiere a las notificaciones, incluidas las de las sanciones, se obligará a que el primer intento de entrega se haga antes de cinco días en todas las Baleares.