Una trabajadora de la Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes (SMAP), que desde 2018 ejercía su labor de control de la ORA en la zona de Santa Catalina, Avinguda Argentina y la plaza Progreso, está «desesperada» después de que la sociedad municipal haya decidido moverla a Pere Garau a pesar de que presenta un trauma y estrés crónico por una agresión sexual que sufrió en 2013 por parte de una persona de origen magrebí.
Desde 2018, la junta directiva ha mantenido su voluntad de no actuar en zonas como Pere Garau y áreas colindantes por que «tengo miedo de ver a personas musulmanas por lo que me pasó». Sin embargo, desde el pasado 1 de febrero, su situación cambió radicalmente desde que, «sin avisarme, me añadieron en el cuadrante esas áreas». La trabajadora, que prefiere ocultar su nombre, ha estado de baja cinco días hasta que hoy se ha vuelto a reincorporar.
«La dirección de la SMAP conoce todos mis informes médicos y psiquiátricos y ni siquiera me han avisado de este cambio. Mi empresa sabe el trauma que sufro y aún así no me protege», lamenta esta mujer de 51 años, quien se pregunta: «¿Tengo un trastorno desde hace 10 años y creen que mi vida ya ha cambiado?». Esta empleada ha insistido en buscar una solución y lo único que le han confirmado es que no trabajará en las calles de la mezquita de Pere Garau. Sin embargo, «lo que me preocupa es qué pasa con las zonas colindantes como la calle Fausto Morell».
La trabajadora, que ahora mismo vigila la ORA en la calle Bisbe Campins y la plaza de los patines, tiene miedo de que, en un momento dado, le envíen por esas calles. El secretario del comité de empresa de la SMAP, Mario Quinteros, ampara la solicitud de esta trabajadora y dice que «desde el comité hablamos con los jefes y nos advirtieron que debe traer otro informe médico. No actúan de forma humana».