Ha sido un pleno tenso, con aplausos, pataleos, silbidos y muchas lágrimas entre el público, entre los que también había familiares de policias imputados y encarcelados. Y todo esto coincidiendo con la salida de la sentencia de una de las piezas del caso Cursach que exculpa a los policías Gabriel Mayol y Josep Mayans. En los pasillos del pleno del Ajuntament de Palma hubo gritos de alegrías y abrazos.
Hasta tres policías y un funcionario exculpados del caso Cursach comparecieron a primera hora de la mañana del jueves en el pleno del Ajuntament de Palma para exigir las disculpas del alcalde de Palma, José Hila. Lo han hecho arropados por más de un centenar de personas que han llenado las bancadas del público de la sala de plenos, así como el hall de entrada.
El primero de los afectados que ha comparecido ha sido Rafael Amengual, que lo hacía en nombre de la Federació de Veïnats de sa Ciutat de Palma. Entre lágrimas, advirtió que «me suspendieron de empleo y sueldo durante cuatro años. A los imputados se nos ha denegado todo». Amengual reclamó la devolución de «mi plaza de Policía Local que gané por concurso y oposición hace 25 años. Fui condenado antes del juicio». Amengual señaló que «no estoy aquí para vengarme, sino para pedir justicia». Y terminó su intervención con un contundente «ni olvido, ni perdono. Felices fiestas».
Por su parte, el portavoz del sindicato policial CSIF, Jaime Garau, también compareció en una durísima intervención con alusiones personales a los regidores, y señaló que «tiene que pedir perdón por la gran mentira de Sonia Vivas», la ex regidora de Feminisme i LGTBI, que antes ejerció de policía local.
Feliciano Franco intervino en nombre del Sindicato Profesional de Policías y el que fuera jefe de la Patrulla Verde, advirtió que «se me pidieron 30 años de prisión por presuntos delitos que me acusaban. Ha habido una connivencia entre el equipo de gobierno y los investigadores». Franco advirtió que «se hizo uso del miedo, acusando a cualquiera. Esa fue la época del terror y se aprovecharon de ciertos factores para implantar una nueva policía».
También intervino Pedro Torres Marí, que fue ingeniero e inspector de Cort y acusado en el caso Cursach, se preguntó «¿por qué tardó cinco años en salir un expediente de la Patrulla Verde a los juzgados?». Torres se refirió a «injustos expedientes en los que se les impedía aportar documentación. Los vecinos de Palma deben conocer el coste millonario y por eso le pido al alcalde que adopte medidas para restituir el honor de los afectados».