El Ajuntament de Palma ha aprobado este miércoles en Junta de Govern imponer un primer expediente sancionador a la empresa CI Postal por valor de 2.310 euros al constatar que, al menos, 20 notificaciones de multas no fueron entregadas a los afectados y que sus firmas fueron falsificadas por los empleados, según informó el regidor de Justicia Social, Alberto Jarabo.
Este expediente se centra sólo en la parte de la polémica que está siendo investigada por la Policía Nacional, es decir la judicializada, ya que el Consistorio tienen abierto otro expediente contra la misma empresa por incumplir los plazos de entrega recogidos en el contrato. Esta segunda actuación, que está tramitándose en los servicios jurídicos, comportará una sanción económica más elevada, apuntó Jarabo, ya que el pliego recogía que la empresa tenía que entregar sus notificaciones en un plazo de cinco o seis días y ha habido periodos, por ejemplo en verano, que la notificación tardaba más de 10 o 12 días en ser entregada.
En lo que se refiere a la sanción ya aprobada, el Ajuntament la ha dividido en tres expedientes basándose en otros tantos informes basándose en hechos comprobados.
El primero de ellos se centra en 15 expedientes de multas cuyo acuse de recibo fue falsificado. El contrato firmado por el Ajuntament con CI Postal establece una sanción de 10 euros por cada documento no entregado y, a esa cantidad de 150 euros, se le añade una penalización de 1.670 euros. El segundo informe se refiere a cuatro notificaciones no entregadas, sin que esté constatada la falsificación, por lo que a los 40 euros de sanción se le suma una penalización de 240 euros y, el tercero que afecta a solo una notificación, acumula una sanción de 10 más 200 euros.
Estos tres informes justifican la citada sanción de 2.310 euros aunque el regidor de Justicia Social recordó que es «ampliable y revisable» ya que no se descarta que a medida que avanza la investigación aumente el número de irregularidades detectadas.
De hecho, la Policía Nacional, que está investigando este caso desde hace más de un año ya anunció que tiene «como hechos probados» hasta 24 casos concretos en los que la firma del afectado fue falsificada. Los dos expedientes que ha puesto en marcha Cort van en paralelo, aunque son independientes, a la investigación policial y que esta irá por la vía penal.