En la mañana de este miércoles se han iniciado las tareas de demolición de nueve barracas en Son Banya, en una jornada en la que no se han registrado incidentes. El Ajuntament de Palma prosigue con su intención de dejar totalmente desmantelado a finales de 2023 y pueda usarse el solar para equipamientos municipales.
Una comitiva integrada por personal del juzgado, técnicos del Ajuntament de Palma y agentes de la Policía Local y la Policía Nacional se desplazó a Son Banya para ejecutar los desahucios en la isleta 2. En primer lugar se han llevado a cabo las actuaciones de lanzamiento y después se han llevado a cabo las tareas previas de demolición, como la retirada del amianto y la desconexión de servicios.
El teniente de alcalde de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera, señaló que «queremos dar una nueva oportunidad a estas personas para que comiencen un nuevo proyecto de vida». Tras estos desalojos quedan 280 personas en el poblado y hasta el momento ya han salido de Son Banya 145, de las que 87 son adultos y 58, menores. En su origen habitaban en Son Banya más de 400 personas.
De las familias desalojadas en este operativo, seis están en el programa de realojamiento y ya tienen viviendas alternativas. En total se han desalojado a 22 personas. Algunos de los habitantes de estas infraviviendas empezaron a retirar sus enseres y efectos personales ante una nutrida presencial policial. Estas tareas se llevaban a cabo además bajo la supervisión de dos drones que permitían la vigilancia aérea del derribo. Se trata de la primera actuación en el derribo de Son Banya de la Unidad de Drones.
Algunos de los afectados han señalado que «yo no sé por qué tengo que salir», mientras que otra de las vecinas que venía caminando de hacer la compra advirtió que «el Ajuntament dice muchas cosas y luego es mentira todo». Aunque reconoció que «yo me quiero ir».
Esta actuación se lleva a cabo con el sistema de demoliciones por isletas o núcleos de albergues con el objetivo de garantizar la seguridad de los operarios y residentes. El proceso se está llevando a cabo con la colaboración de la Federació d'Associacions Gitanes de les Illes Balears, especialmente dando apoyo a las familias que participan en el programa.
En esta segunda fase se han presentado 84 demandas, en concreto el resto de albergues que aún quedan, de las cuales son sentencias favorables 48 y otros 36 procedimientos en espera de sentencia. No ha habido ninguna sentencia desfavorable, según el Ajuntament.