El futuro Plan General de Palma autoriza en su desarrollo detallado la creación de casi mil plazas hoteleras, concretamente, 967 plazas, en seis ubicaciones concretas del municipio. Sin embargo el Govern balear aprobó un decreto ley hace unos meses que establece que durante los próximos cuatro años no se pueden comprar ni vender ninguna plaza hasta que el Consell de Mallorca regule el sector, por lo que se crea una situación de «inseguridad jurídica» y de «engaño» a los propietarios, según denuncia Jaime Martínez, presidente del PP en Palma.
Martínez, en este sentido, critica la «incongruencia» del Pacte que gobierna en Cort porque, señala, «al mismo tiempo que quieren limitar el crecimiento turístico y aplauden la moratoria del Govern califican unas parcelas como turísticas y autorizan casi mil plazas nuevas. Y todo esto lo hacen a dedo». El problema, argumenta el popular, es que se da la circunstancia de que un promotor puede construir un hotel, pero no puede adquirir los derechos habitacionales del mismo al menos hasta dentro de cuatro años, «con el riesgo de que, finalmente el Consell decida que no se puede instalar establecimientos en esas zonas lo que se traduce en inseguridad jurídica».
Por otra parte, el presidente del PP en Palma recuerda que la moratoria del Govern sí que permite la construcción de nuevos hoteles en edificios catalogados, con limitación de plazas, pero otorga a cada ayuntamiento la decisión de aplicar esta excepción «y curiosamente el pleno de Cort rechazó, con los votos de la izquierda, esa posibilidad cuando el documento que quieren aprobar sí que los autoriza». De hecho, según apunta, el plan permite el uso turístico en los citados edificios catalogados, en las calles de 30 metros de ancho y en parcelas autorizadas.
Martínez califica de «surrealista» la situación ya que, después de los diferentes movimientos, «no se sabemos si el gobierno de Hila apuesta por el crecimiento, como se recoge en el PGOU, o por el decrecimiento, como vota en pleno». También critica la falta de coordinación entre las administraciones ya que mientras una, el Ejecutivo, regula una moratoria en el municipio la otra, el Ajuntament, la autoriza en su desarrollo urbanístico, «aunque luego votan en sentido contrario a lo que ellos mismos han redactado en su plan general».
El apunte
Truyol dice que solo se permitirán plazas previstas anteriormente
La regidora de Urbanisme, Neus Truyol, aseguró que las plazas turísticas que permite el PGOU, «no están colocadas a dedo sino, únicamente, en las zonas ya previstas en los planes de reforma interior, PRI, planes de intervención en ámbitos turísticos, PIAT, o zonas terciarias que ya las tenían autorizadas y se ha hecho en un número muy reducido». Truyol, en este sentido, celebró la moratoria del Govern y señaló que las 1.000 plazas «serían el máximo posible para los próximos 20 años, cuando en los planes anteriores no había ninguna limitación y cualquier parcela residencial podía ser de uso hotelero”»