El Ajuntament de Palma no renovará su acuerdo con la empresa CI Postal, encargada de repartir las notificaciones y multas municipales, y la sancionará por incumplimiento de contrato aunque, para evitar interrumpir las entregas, prorroga su servicio durante seis meses mientras se pone en marcha el nuevo pliego de condiciones y se asignan los trabajos a otra empresa, según confirmó el regidor de Justícia Social y responsable del área de Qualitat, Alberto Jarabo.
Desde hace meses, Cort está teniendo problemas con las notificaciones a los ciudadanos, especialmente las del departamento de multas. Cabe recordar que cuatro repartidores de la empresa están imputados por no entregar las sanciones y falsificar las firmas de acuse de recibo. Esta situación, que sigue siendo investigada por la Policía Nacional, hizo que muchos ciudadanos no recibieran el aviso en primera instancia y que la multa les llegara con recargo, provocando un aluvión de reclamaciones de afectados en este departamento municipal.
En aquel momento, el área de Jarabo pidió explicaciones a la empresa por las irregularidades, pero esta alegó que también era parte perjudicada y se comprometió a mejorar los sistemas de comprobación de las entregas. Esta anomalía puso en alerta al Pacte que, descontento con la situación, revisó el contrato para estudiar la posibilidad de romperlo. Cabe destacar que el acuerdo tenía vigencia hasta este mes de septiembre, con la posibilidad de renovarlo hasta dos años.
Según destacó el regidor de Justícia Social, el servicio de entrega de notificaciones es esencial «y no se puede interrumpir para no crear un caos» por lo que se decidió continuar con el acuerdo vigilando, especialmente, que CI Postal cumpliera los plazos de entrega estipulados. La empresa concesionaria, aseguró Jarabo, reforzó su plantilla y aumentó el número de vehículos para cumplir los plazos marcados, entre tres y cinco días según contrato, pero en ningún momento se ha ajustado a ellos. Ese es el principal argumento para no renovar dicho acuerdo y para imponerles una sanción cuyo importe aun están calculando desde Cort.
Opciones
En algún momento, el equipo de Gobierno del Ajuntament se planteo la posibilidad de romper el acuerdo directamente y mediante un «contrato puente» dar el servicio a otra empresa mientras los servicios jurídicos avalaban el nuevo pliego en el que se está trabajando desde el pasado mes de mayo. Esta opción, sin embargo, se descartó por la cercanía a la finalización del acuerdo, porque no iba a resolver el tema de los retrasos y porque, según el regidor, «era cuatro veces más caro». Desde Cort se confía que con el cambio de empresa se normalice el servicio de entregas.