La Fiscalía reclama una condena de dos años de cárcel para la antigua secretaria de un sindicato de Emaya por quedarse con dinero de las cuentas de la organización. Los propios afectados, el Sindicato Independiente de Trabajadores de Baleares, eleva la petición de responsabilidad penal a seis años de prisión por un delito de apropiación indebida y acusa a su antigua secretaria de administración y finanzas de haberse apropiado de más de 50.000 euros con la tarjeta de crédito que tenía. El juzgado ha dictado ya el auto de apertura de juicio oral.
Según la acusación del sindicato, la acusada ocupó el cargo de administración y finanzas entre abril de 2017 hasta que fue cesada en noviembre de 2019. Para llevar a cabo sus funciones tenía acceso a una tarjeta de crédito y señala que, «al margen de su cometido, estuvo efectuando disposiciones injustificadas de manera continuada, dejando un vacío enorme en la cuenta del sindicato, que pasó de tener un saldo de 80.000 euros en abril de 2017 a 29.340 en diciembre de 2019». Entre las facturas que incluye en la acusación hay una en un conocido mesón de Génova por más de 2.000 euros.
Cajero y ventanilla
Según su acusación la responsable de las finanzas llevó a cabo reintegros en efectivo en ventanilla y cajero y también pagos con tarjeta de crédito. En total, cuantifican en 73 las operaciones en las que retiró fondos no justificadas. Estas disposiciones de efectivo llegan, en una de las cuantías incluidas en la acusación, a los 3.000 euros. También añaden el uso de dos móviles Iphone «sin el consentimiento ni conocimiento del sindicato» que contrató de forma directa con una compañía telefónica. El sindicato presentó una denuncia contra la antigua colaboradora cuando se descubrió el agujero económico en las cuentas y esta fue cesada.
La Fiscalía limita la responsabilidad de la acusada al desvió de 33.000 euros y reclama para ella una pena más baja, de dos años por un delito de apropiación indebida. El auto de apertura de juicio oral requiere a la acusada para que aporte una fianza de 69.977 para asegurar el pago de la posible indemnización al sindicato. El asunto pasará ahora a un juzgado de lo Penal de Palma donde tendrá que comparecer la acusada para la celebración de la vista oral.