Papeleras, bancos de parques, escaparates de comercios, fachadas de viviendas particulares y hasta bienes catalogados. Nada escapa a los grafiteros, que se habían convertido en una auténtica plaga en el centro de Palma, y ya extienden sus tentáculos a todas las barriadas de Ciutat. No escapa ni una. ‘This is Palma', la versión de Ciutat que nadie quiere ver. El problema no solo es la mala imagen que causan los grafitis o las molestias a los propietarios afectados, es el coste al bolsillo de los contribuyentes.
Atentos al dato: 316.000 euros. Esta es la cifra que Emaya ha tenido que desembolsar, solo el año pasado, para eliminar pinturas vandálicas en Ciutat. «Según el tamaño de los grafitis, los trabajadores llegan a estar una media de seis horas limpiando. Utilizan decapante, agua a presión y, normalmente, repetir la acción varias veces. Eso tiene un coste económico, pero también un coste de personal. Derivamos a esta tarea recursos humanos de Emaya que podrían llevar a cabo otras tareas de limpieza muy necesarias», lamenta Ramón Perpinyà, presidente de la empresa municipal.
Solo un dato para entender la escalada de las pintadas en Palma y su posterior trabajo de limpieza: Emaya eliminó el año pasado 2.660 grafitis, pero entre enero y marzo de 2022 se ha tenido que hacer cargo de la limpieza de 1.360, solo en tres meses casi la mitad que en 2021. La epidemia de vandalismo ha llegado a tal punto que esta empresa municipal y el área de Infraestructures de Cort unieron esfuerzos para poner en marcha en diciembre del año pasado una oficina antigrafitis específica y un correo electrónico (oficinaantigrafits@palma.cat ) en el que los ciudadanos pueden denunciar las pintadas.
Tendencia al alza
El objetivo de esta oficina pasa por agilizar las intervenciones de limpieza, coordinar mejor los trabajos y luchar contra esta epidemia vandálica que afecta a grandes ciudades como Palma, y que se ha recrudecido tras el confinamiento y la relajación de las restricciones. Además, y a la vista de las quejas vecinales que llegaban de las principales barriadas, Cort ha puesto en marcha un plan barrio a barrio con 20 trabajadores dirigido a localizar los grafitis y elementos del mobiliario urbano que necesitan ser limpiados, pintados o sustituidos.
Una de las principales quejas de los palmesanos es que no se eliminan las pintadas. En este sentido, Perpinyà recuerda que Emaya no puede actuar en fincas particulares, ya que son privadas. Para que puedan ser tratadas, los propietarios tienen que pagar un precio simbólico, dos euros por metro cuadrado. Solo así, la empresa pública puede actuar. «Hay que acabar con esta actitud incívica. Las pintadas no son arte urbano, son simple vandalismo», finaliza Perpinyà.