Horas después de que el alcalde de Palma, José Hila, anunciara la cancelación del Palma Pride Week, sus organizadoras, Ella Global Community, han mandado un comunicado en el que advierten que «vamos a tomar acciones judiciales contra el Ajuntament de Palma y Ben Amics por cancelar la Pride dos días antes de su inauguración». «Vamos a interponer las acciones legales oportunas contra el Ayuntamiento y todos los responsables por la cancelación de la Palma Pride Week 2022 y por todos los daños y perjuicios causados, tanto a nosotros como a los artistas, colaboradores y carpas», añadió la empresa organizadora.
La sociedad encabezada por Kristin Hansen ha señalado que «la Palma Pride Week ha sido cancelada debido a una guerra política local. Presentaremos una demanda contra Ben Amics y la administración pública, y más concretamente contra el Ajuntament de Palma, para pedir responsabilidades económicas y morales».
El comunicado advierte que «no dejaremos de luchar con toda la fuerza que nos caracteriza para que en 2023 podamos celebrar por fin la Palma Pride Week». «Estamos asombrados de la mala gestión pública que ha hecho el gobierno en este asunto y de cómo ha tergiversado y actuado interesadamente a costa de nosotros y de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de Palma, así como del acoso constante que hemos tenido que sufrir y sufrimos, debido a sus disputas políticas, con las que nada tenemos que ver», continuó el comunicado.
En el comunicado la entidad afirma que informaron «de la intención de llevar a cabo una celebración del Orgullo en 2019, justo antes de la pandemia. Por este motivo, ya en 2022, el área de Sonia Vivas realizó una reunión con las entidades para pedir que se organizasen para poder reivindicar los derechos LGTBI. Esta reunión, a la cual Kristin Hansen no pudo asistir, finalizó abruptamente por el abandono de Ben Amics que no quería compartir las fechas con ninguna otra entidad», explica en su comunicado.
A mediados de abril «se nos informó de la posibilidad de organizar el Pride y la primera rueda de prensa fue el 25 de abril, donde hicimos pública la Palma Pride Week, con el apoyo del área de Igualtat, Feminisme i LGTBI. Desde esa fecha, hemos cumplido con todos los plazos de entrega, presentando todas las peticiones formalmente y habiendo obtenido autorización de todo lo solicitado. Los últimos documentos han sido el Proyecto Técnico de Actividad Mayor no permanente y el Plan de Autoprotección, junto con la Declaración Responsable de la promotora».
Ella Global Community también se refirió al reparto de los gastos del evento, «un tema que nos concierne a todos los contribuyentes. Tenemos que revelar la realidad sobre las acusaciones públicas». La entidad señala que el evento «se financiaba parcialmente con dinero público, puesto que así se realizan este tipo de eventos, pero en este caso, Kristin Hansen tuvo que aportar hasta 100.000 euros de fondo privado y sin obtención de beneficio ninguno, para que toda la preparación del evento se realizara completa y correctamente, así como el pago de los artistas y otros gastos». El comunicado señala que «el dinero aportado por el sector público, el de los palmesanos, es un importe considerablemente menor al aportado por Hansen».
El comunicado advierte que «el intento de tergiversar los presupuestos y la financiación nos parece una canallada por parte de este gobierno tan informal y poco profesional. Debe saberse que se facilitó gratuitamente un sitio a las carpas que iban a tener ese espacio para recibir al público y poder comercializar libremente o informar sobre sus diferentes servicios y poniendo a su disposición espectáculos y actividades completamente gratis y sin obtención de ningún beneficio por parte de Ella Global Community».
En estos momentos la empresa organizadora afirma que «nos vemos abocados a deshacer de la mejor manera todo lo trabajado, para que tanto proveedores, artistas, trabajadores, pymes y otros colaboradores para que se vean lo menos afectados posible, puesto que muchos de ellos también llevaban semanas invirtiendo tiempo y dinero para el desempeño de un evento que ya estaba autorizado por el mismo gobierno que ahora lo cancela de forma injusta y presuntamente fraudulenta. Es por ello, que anunciamos nuestra intención de llegar hasta el fondo del asunto en sede judicial y pedir todas las responsabilidades oportunas».